El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado, como acuerdo institucional a raíz de una moción de Dolores Espinosa, encargar un estudio al Observatorio Municipal de la Vivienda sobre las medidas con las que ayudar a la población joven a acceder a una vivienda en el mercado libre

Entre las propuestas que se analizarán, a propuesta de Unidas Podemos, figuran que el Ayuntamiento de Santa Cruz sea avalista en contratos de alquiler y que bonifique el IBI a la parte arrendataria

Una iniciativa de Dolores Espinosa, concejala de Unidas Podemos (Izquierda Unida-Podemos-Equo) posibilita que el Ayuntamiento estudie una serie de medidas con las que desde 2023 facilitará a jóvenes el acceso a la vivienda, en régimen de alquiler en el mercado libre.

La moción presentada por la edil de UP se convirtió en institucional, por lo que ha sido apoyada por todos los grupos políticos municipales, para encomendar este estudio al Observatorio Municipal de la Vivienda.

Si bien Espinosa planteó propuestas concretas como una bolsa de viviendas vacías y que el Ayuntamiento aporte avales o pague gastos iniciales a la parte arrendadora, al tiempo que bonifique el IBI a la arrendataria, finalmente la concejala aceptó que se analicen todas las medidas legalmente posibles, incluyendo las que ella ha sugerido en su texto inicial de la propuesta.

Lo que sí exigió la edil de la confluencia de izquierdas, y así se acordó, es que este programa de apoyo al alquiler de viviendas por la juventud se aplique, sin demora, en 2023, por lo que deberá preverse en las ordenanzas fiscales y realizarse las previsiones o modificaciones presupuestarias que sean necesarias para su puesta en marcha.

Espinosa argumenta que presentó esta moción porque hay sobradas razones de urgencia para que el Ayuntamiento contribuya a que la juventud pueda ejercer este derecho constitucional a la vivienda digna. Baste mencionar que Canarias fue en 2021 la quinta comunidad autónoma con una menor tasa de emancipación residencial juvenil de España, pues tan solo el 14,5 % de la población joven del Archipiélago había conseguido abandonar el hogar original.

Esta situación tiene varias explicaciones: de un lado, la alta tasa de paro y de población en riesgo de pobreza y exclusión social, y, de otro, la falta de suficientes viviendas de protección oficial (gracias a UP en este mandato el Ayuntamiento capitalino promueve 400 viviendas sociales, muchas más que las previstas, aunque admite que la cifra sigue siendo insuficiente) y el encarecimiento de la renta de las viviendas en el mercado libre.

De ahí que, como advierte la edil, «cuando una persona joven pretende alquilar una casa, se encuentra con la dificultad de la exigencia de unas garantías y gastos para poder formalizar el contrato con la propiedad del inmueble, requisito que llega a impedir cerrar el acuerdo».