La concejala Dolores Espinosa afirma en una moción que el «sonrojante» retraso en la aplicación de esta ley en Canarias se debe a la falta de colaboración y de coordinación entre Gobierno canario, cabildos y ayuntamientos

La edil solicita que personal municipal elabore los informes socioeconómicos sobre cada solicitante con los que el Gobierno canario aprueba el respectivo informe PÍA, con el que se asigna la prestación o servicio que necesita la persona dependiente

La edil destaca que Canarias en 2020, pese a la pandemia, fue una de las las 4 comunidades autónomas que mejoró la gestión de la Dependencia, hecho calificado de «meritorio» por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales

El grupo municipal de Unidas Podemos (Izquierda Unida-Podemos-Equo) defenderá este viernes, 26 de marzo, en el Pleno municipal una moción en la que solicita al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife su colaboración con el Gobierno de Canarias para acelerar los trámites de las prestaciones de la Dependencia, dado que la falta de coordinación entre las administraciones  públicas es la raíz del problema en la deficiente aplicación en el Archipiélago de esta Ley vigente desde hace 14 años.

En concreto, la concejala Dolores Espinosa solicita crear una unidad específica de Dependencia en el Ayuntamiento provista de personal técnico y trabajadores y trabajadoras sociales, que será la encargada de asesorar a las familias y usuarios y usuarias, así como de la redacción de los informes con los que luego el Gobierno de Canarias elabora el Programa Individual de Atención (PIA), que es la resolución final del procedimiento para determinar el servicio o prestación económica que recibirá cada persona dependiente.

Espinosa recuerda que en el informe anual sobre el sistema de atención a la Dependencia en España correspondiente a 2020 la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales insta a Canarias a una “urgentísima ordenación territorial en la que cabildos, grandes municipios y Gobierno canario alcancen un pacto estratégico global hacia un modelo vertebrado de servicios sociales que va mucho más allá de la mera delegación de competencias”.

La situación del sistema de Dependencia en Canarias arroja desde el principio datos «sonrojantes», con  miles de personas muertas antes de que se les reconociera el derecho e incluso ya con este reconocido, y 8.000  esperan en el llamado «limbo de la Dependencia» a que se les haga efectiva la prestación o el servicio asignados.

No obstante, hay que destacar que en 2020, en pleno año de la pandemia, nuestra comunidad autónoma fue una de las cuatro que lograron mejorar la gestión de la Dependencia, con un 7,18% de personas más atendidas, frente al 0,81% de aumento en el conjunto de España, un hecho que dicha asociación califica de «meritorio».

En cualquier caso, la situación heredada del pasado es tan mala que Canarias continúa en la cola, siendo la antepenúltima región con mayor porcentaje de personas en espera de recibir la prestación y servicio que ya tienen reconocidos (24,4%), y la última en tiempo de espera para resolver los expedientes administrativos, 927 días, frente a los 430 de media nacional, y muy lejos de los 138 días del País Vasco, donde más rápido se tramitan.

Y llegados a este punto, Espinosa pone de relieve que uno de los trámites que está demorando el reconocimiento del derecho a la prestación de la Ley de Dependencia es el mencionado informe PÍA, «para cuya elaboración los servicios sociales municipales son precisamente los que ya disponen de información para la evaluación de las circunstancias socioeconómicas de las personas vulnerables».

Por todo ello, a juicio de la concejala de Unidas Podemos, «resulta de justicia la colaboración del Ayuntamiento chicharrero en este sentido porque acortaría el tiempo espera, acabando así con un intolerable sufrimiento de muchas personas, que, en el caso de quienes fallecen sin haber podido beneficiarse de estas prestaciones, ya es irreversible; y  por otro lado se aliviaría así la presión sobre los servicios sociales municipales al recibir, en un plazo más corto, estas personas la prestación correspondiente de la Comunidad Autónoma».

En el dictamen anual elaborado por la referida asociación, Canarias ocupa el penúltimo lugar en la evaluación de 14 parámetros con los que se mide la gestión en la aplicación de la Ley, sólo superada por Cataluña, aunque el Archipiélago ha mejorado su puntuación en 2020 con respecto a años anteriores.

Una ilustrativa vara de medir es el  índice DEC (Derechos /Economía/ Cobertura) de los Servicios Sociales en España, que, con datos de 2018, analiza por qué no somos capaces de mejorar estas cifras y a qué obedecen esas fuertes diferencias con otros territorios: «Ineficiencia, solapamiento entre administraciones y la debilidad de las estructuras básicas de servicios sociales en el ámbito local». Con un esfuerzo económico del 5,3, sólo alcanzamos en Canarias un 3,2 por ciento de Cobertura y el 2,7 de los Derechos reconocidos.

Carta del Gobierno canario a los ayuntamientos

La  consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno  canario, Noemí Santana, ha entendido que para superar estos 14 años de retraso en Dependencia y acabar con la ineficiencia es necesario ese plan estratégico en el que cooperen Ejecutivo regional, cabildos y grandes ayuntamientos. De ahí que haya remitido una carta este mes de marzo a los 88 ayuntamientos canarios  pidiéndoles su implicación «para no ser una autonomía fallida incapaz de atender las necesidades sociales de su población», subraya Espinosa.

En el escrito, Santana insta a crear unidades municipales específicas de Dependencia donde se lleve a cabo “la detección y la valoración de las necesidades, el diagnóstico, la planificación, la intervención, el tratamiento, el seguimiento y la evaluación de la atención”.

Algunos ayuntamientos ya colaboran con la Administración autónomica elaborando esos informes sociales, como es el caso de Laguna, Mogán, El Pinar, Frontera, Valverde, Los Llanos de Aridane, El Sauzal, La Guancha, Los Silos, San Juan de La Rambla o La Victoria.

Este llamamiento del Gobierno viene acompañado además de la distribución entre los ayuntamientos canarios de 12 millones de euros procedentes del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, para reforzar los servicios  sociales.