La puesta en marcha de este servicio público la defiende Luisa Tamayo en una moción presentada para el pleno de este viernes, y en la que pide que el Ayuntamiento lo promueva en colaboración con  ONG y asociaciones

 Tamayo advierte de que la situación económica general, con el aumento del coste de la vida, se agravan las dificultades de familias de escasos recursos para afrontar los gastos sociosanitarios

 La concejala  destaca que su iniciativa permite llegar a más personas usuarias que ahora, de una forma más ágil con la acreditación médica, al tiempo que, al ser en régimen de préstamo,  se reduce  la inversión económica municipal en la compra de estos aparatos

 Luisa Tamayo, concejala de Unidas Podemos (Izquierda Unida-Podemos-Equo), propone que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife promueva, en colaboración con ONG y asociaciones, la creación de un banco solidario de aparatos ortopédicos y de dispositivos electrónicos de apoyo a personas con dependencia y discapacidad, así como la dotación presupuestaria para ponerlo en marcha.

En una moción presentada para su debate en el Pleno de este viernes, 30 de septiembre, Tamayo plantea regular este servicio público de gestión y préstamo,  garantizando la universalidad del acceso, así como los canales de información necesarios para que llegue a toda la vecindad y los mecanismos de cesión gratuita.

Solicita también que se regule el préstamo con garantía o alquiler en función del tipo de aparato o dispositivo; la posibilidad de que el servicio se nutra de recursos propios y de donaciones; y el posible establecimiento de fianzas para el préstamo, con bonificaciones y exenciones en función de la renta familiar u otras condiciones.

La concejala de la confluencia izquierdas defiende además la realización de cursos o talleres formativos con el fin de dotar a las personas usuarias del conocimiento necesario para el correcto uso de los aparatos o dispositivos.

13% de la población santacrucera con discapacidad

En la exposición de motivos de su moción, Tamayo recuerda que, según la última encuesta sobre esta materia, al menos el 13% de la población chicharrera tiene discapacidad, y muchas personas necesitan algún aparato que asegure o facilite su movilidad y/o la accesibilidad y la realización de tareas básicas de higiene (andadores, sillas de ruedas, grúas o arnés, muletas, camas articuladas…) y otras dispositivos tecnológicos adaptados a su discapacidad, tales como ordenadores o juegos.

Hay que tener en cuenta también que, con datos del 1 de enero de este año, en el municipio capitalino residen 41.924 personas mayores de 65 años de un total de 209.163 censadas, lo que supone un 20% de la población, un índice que se irá incrementando, máxime si se mantiene el decrecimiento demográfico de Santa Cruz. En este sentido, la edil de UP pone de relieve que en este tramo de la vida aumentan las probabilidades de patologías y afecciones que obligan al uso de aparatos ortopédicos y apoyo en su vida diaria. “La correlación entre dependencia y envejecimiento son claras”, apostilla Tamayo.

Al envejecimiento demográfico añade la representante de UP otras casuísticas en población más joven, derivadas de enfermedades y otras discapacidades y limitaciones por los cambios en la tasa de supervivencia de enfermedades crónicas o alteraciones congénitas, o a consecuencia de la incidencia de la siniestralidad vial y laboral.

La carestía de la vida y los gastos sociosanitarios

Para afrontar los gastos sociosanitarios, la situación económica general no ayuda, como se expone en la moción, por el aumento notable en el coste de suministros básicos (luz o gas), de los combustibles y de los alimentos. Esta carestía de la vida, apunta la edil de UP, “supone ahogar aún más a las familias y personas en situación de pobreza o riesgo de exclusión social, impidiendo poder afrontar otros gastos extras, como los derivados de la dependencia, discapacidad, ya de por sí y en general, costosos”.

Para Tamayo es importante reseñar que “mayoritariamente el cuidado de las personas mayores, dependientes y/o con discapacidad recae en la mujeres, tanto en el ámbito del hogar como entre las profesionales del Servicio de Atención a Domicilio”, lo que también tiene consecuencias en la salud futura de las cuidadoras.

En su iniciativa ante el Pleno, la concejala de la oposición argumenta que el banco solidario que propone “permite llegar a más personas usuarias de una forma más ágil previa acreditación con un médico y siempre, que no requieran de una valoración más específica como el Servicio de Atención a Domicilio; al tiempo que, al ser en régimen de préstamo, reduce a corto plazo la inversión económica municipal en adquirir determinados bienes”.