Ramón Trujillo Morales, concejal de Unidas Podemos, en uso de las atribuciones que le confiere el Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Municipal, presenta al Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife esta Moción para su debate y aprobación, si procede, de acuerdo con la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La gestión del ciclo del agua en Santa Cruz de Tenerife se privatizó para terminar de dar viabilidad a la mayor operación de corrupción de la historia de nuestro municipio. Recordemos que la compraventa delictiva del frente de playa de Las Teresitas se produjo, en 2001, por 52 millones de euros. Y se financió con partidas presupuestarias no comprometidas, con el remanente líquido de Tesorería, proveniente del último ejercicio liquidado, y, por último, con un crédito, por valor de 18,4 millones de euros, concertado con CajaCanarias.

Esto provocó un agujero en las arcas municipales que coincidió con la aprobación de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, que obligó en los ejercicios siguientes a adoptar medidas para cumplir con ella. En este contexto, el entonces concejal de Hacienda, el señor Guillermo Núñez Pérez (posteriormente condenado por un delito de prevaricación administrativa en el caso García Cabrera), elaboró un Plan Económico municipal que incluía la privatización del ciclo del agua como estrategia para obtener recursos extraordinarios.

Con ese precedente de corrupción y degradación institucional se impulsó la privatización del ciclo del agua, nada más y nada menos que por 25 años. De modo que, en abril de 2006, se inició una desastrosa gestión privatizada del agua en nuestro municipio que, en junio de 2007, se vio aderezada con una estrategia adicional de captura de rentas provenientes de la ciudadanía de Santa Cruz.

Recordemos que, en síntesis, lo que se hizo, en un Consejo de Administración de EMMASA, fue decidir que 59 millones de euros, pagados por Sacyr como parte del precio de la privatización, dejaran de ser considerados precio y fueran considerados adelanto que debía ser devuelto a Sacyr en concepto de canon (a razón de 2,3 millones de euros al año más un 5,05% de interés). De tal manera que Sacyr obtenía la concesión gratis (considerando la recuperación del precio de las acciones en 2031) y se embolsaba 59 millones de euros ilegalmente, además de las sumas multimillonarias que podría embolsarse legalmente gracias a la privatización del ciclo del agua.

Dado el descontrol de EMMASA, que se ha normalizado en el Ayuntamiento, ha sido necesario contratar a una empresa para saber cuánto dinero se le ha pagado a Sacyr por la devolución del canon, sin fundamento legal, devolviéndole el precio del contrato con dinero de nuestros vecinos y vecinas proveniente del recibo del agua. El Ayuntamiento tuvo que contratar a una empresa para saber cuánto ha devuelto EMMASA a Sacyr porque, según el expediente de contratación, se carece “de los medios materiales y personales necesarios para llevar a cabo la prestación en un tiempo razonable y con el detalle y análisis que se precisa”. Y la cantidad pagada a Sacyr, sin soporte legal, asciende a 33.6 millones de euros.

Es decir, el Ayuntamiento tardó doce años en descubrir que los pagos millonarios a Sacyr, por devolución de un supuesto canon, eran ilegales. Y ello a pesar de que fueron señalados en alguna auditoría anterior a la efectuada por ASSAP (que señala claramente la falta de soporte legal de tales abonos) y a pesar de que la empresa fue intervenida por el propio Ayuntamiento. De hecho, podríamos sospechar que, si Sacyr no hubiera pedido el reequilibrio de la concesión, no se habría descubierto el carácter ilícito de los pagos señalados. Pagos que ahora son objeto de investigación penal, a raíz de la denuncia interpuesta por Unidas Podemos.

Es preocupante que el Ayuntamiento carezca de capacidad para controlar a la EMMASA privatizada. Una empresa que, por ejemplo, se niega a facilitar información desglosada de su masa salarial cuando ha sido solicitada recientemente por Unidas Podemos. O que ha impuesto cobros poco transparentes sobre contadores contra incendios, ofreciendo datos contradictorios en diferentes ocasiones. O que ha puesto de rodillas al gobierno municipal que ha aprobado alguna subida de la tarifa del agua que, posteriormente, ha tenido que ser anulada por el Gobierno de Canarias.

Recordemos el dictamen pericial que determinó que, entre 2006 y 2015, EMMASA llevó a cabo 270 subcontrataciones, por valor de 25,7 millones de euros. Pues bien, el 44,8% de esos contratos, por valor de 17,9 millones de euros, no debió haber sido suscrito en función de prohibiciones legales. El daño económico causado por esos contratos indebidamente suscritos superó los cinco millones de euros.

Por otra parte, hay que señalar que, en los primeros siete años de la concesión, EMMASA no ejecutó el 34,4% de las inversiones comprometidas. El daño económico de ese incumplimiento no pudo ser evaluado. Y, al menos hasta 2015, siguió incumpliendo con una parte de sus compromisos de inversión.

Una Sentencia de enero de 2017 criticó la opacidad de EMMASA hacia el Ayuntamiento y confirmó que Sacyr incumplió la prohibición de subcontratar con empresas del mismo grupo; incumplió el deber de informar al Ayuntamiento y de facilitar documentación e incumplió el compromiso de inversión acordado. La Sentencia se emitió en respuesta a una demanda de Sacyr contra el Ayuntamiento por la intervención de la empresa. Desde luego, tampoco existe ninguna estimación de los gastos ocasionados por la actividad judicial derivada de la gestión privatizada del agua, auditorías, informes, etc.

Esta claro que necesitamos conocer todo lo que ha pasado con la mala gestión de EMMASA, entre otras cosas para evitar que en el futuro se repita y sacar conclusiones adecuadas para una buena gestión. Hay que evaluar globalmente los análisis del funcionamiento del servicio efectuados por las sucesivas auditorías; hay que describir las fuentes de todos sus ingresos; determinar qué ingresos han podido ser ilegítimos; cuál ha sido la cuantía real de los beneficios obtenidos; cómo se han gestionado los gastos; qué efectos ha tenido entre los trabajadores y trabajadoras de la empresa la gestión de la etapa privatizada; qué efectos ha tenido el incumplimiento de una parte de las inversiones comprometidas; cuáles han sido los efectos de las subcontrataciones irregulares; abordar una estimación de los costes de control de la empresa adjudicataria para el Ayuntamiento (gastos legales, auditorías, intervención temporal de la empresa, cuantificación económica del esfuerzo de supervisión); qué razones explican los fallos en los mecanismos de control; qué riesgos hay de encontrarnos la empresa descapitalizada en 2031 y, asimismo, proceder a la evaluación de las posibilidades legales de resolución del contrato.

Por todo lo expuesto, proponemos el siguiente

ACUERDO

El Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife acuerda crear una Comisión Temporal de Investigación para analizar la gestión del agua llevada a cabo por Sacyr-EMMASA.