Dolores Espinosa, concejala de Unidas Podemos, en uso de las atribuciones que le confiere el Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Municipal, presenta al Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife esta Moción para su debate y aprobación, si procede, de acuerdo con la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado 3 de noviembre se aprobó en el Consejo de Ministros el nuevo Real Decreto-ley de Publicidad del Juego, en  el que, entre otras medidas, destaca la prohibición de los anuncios de las apuestas virtuales, salvo en horarios de madrugada, desde el pasado jueves 5 de noviembre, una iniciativa conducente a reducir el estímulo del uso compulsivo del juego.

Además de la anterior, este Real Decreto incorpora otras disposiciones de gran trascendencia, como la prohibición de los bonos de bienvenida, la prohibición de trasladar la percepción falsa o equívoca de gratuidad o de falta de onerosidad de las promociones, ni inducir a confusión respecto a la naturaleza del juego o la prohibición de los patrocinios en equipaciones deportivas.

Todas estas restricciones están encaminadas a proteger la salud pública y a los colectivos más vulnerables, y a acabar con “la ley de la selva” existente hasta el momento, que había provocado el bombardeo constante de publicidad en todo tipo de medios y espacios publicitarios.

Actualmente hay unos 911.218 usuarios activos a nivel estatal en las casas de apuestas, según el último Informe Trimestral del Mercado del Juego Online, valor que se ha incrementado en un 65´54% respecto al mismo periodo de hace cuatro años.

En Canarias se ha hecho manifiesto el aumento de los usuarios, hecho constatable por los índices de recaudación de estas casas y salones, que se ha intensificado, especialmente, en población menor de 30 años, con el riesgo añadido que entraña esta actividad para la sociabilidad y salud mental y física.

En Canarias, la ley de presupuestos autonómicos del 2019 establecía que bastaba con una «declaración responsable» para abrir salas de apuestas, lo que contribuyó a un incremento de nuevos locales, hasta alcanzar los 285 establecimientos, 51 de los cuales se abrieron el pasado año.

Por este motivo, el pasado 2 de abril se aprobó el Real Decreto 5/2020, de suspensión de títulos habilitantes de nuevos locales y otras medidas complementarias en materia de juego y apuesta. Un acierto que, en tiempos de pandemia, se paralizara la norma que, por medio tan solo de una declaración responsable, provocase la proliferación de casas de apuestas, sobre todo en las zonas más populares y cerca de centros educativos.

El juego patológico es un trastorno que figura entre las adicciones de tipo comportamental, dentro de las clasificaciones médicas y psicológicas y que tiene especial incidencia en los sectores poblacionales más precarios.

Este trastorno consiste en la pérdida del control del comportamiento en relación al juego, con graves consecuencias para las personas, que pueden manifestarse en problemas académicos, laborales, económicos, sociales y/o legales afectando no solo a la persona que lo padece, sino también a su entorno.

La potencial incidencia del juego sobre bienes jurídicamente protegidos por nuestro ordenamiento, como son la salud pública y el orden público, así como la prevención del fraude, permite apreciar la existencia de razones de interés general que no solo justifican, sino que hacen imprescindible la intervención de los poderes públicos sobre la actividad de juego y que permiten, por tanto, su planificación para evitar ab initio posibles riesgos.

Por este motivo, se aprobó la Ley 2/2020, de 14 de octubre, de suspensión de títulos habilitantes de nuevos locales y otras medidas complementarias en materia de juego y apuestas, para asumir políticas de empleo responsables, combinando acciones preventivas, de sensibilización, intervención, control y reparación de los efectos negativos que de él se puedan derivar, atendiendo especialmente a los colectivos más vulnerables.

Priorizar la salud se configura como fundamento último de la actuación de las administraciones públicas, especialmente durante esta época de pandemia, donde la coyuntura económica de gran parte de la población y del conjunto del estado, manifiesta una recesión acuciante.

En este escenario, las casas de apuestas aumenten día a día sus beneficios, dejando a las familias y al conjunto de la sociedad, la obligación de costear íntegramente el tratamiento de las personas a las que han enganchado al juego.

Es de justicia, por tanto, aumentar la contribución que los beneficios de estas empresas deben realizar al conjunto de la sociedad, para que se pueda tratar de manera eficaz a las personas con dependencia al juego, de forma que se pueda investigar los mecanismos que utilizan y tomar medidas encaminadas a detener la expansión de este tipo de locales, garantizando desde las instituciones el derecho al ocio.

Esta preocupación cobra especial trascendencia en la población joven y adolescente y, entre ellos, de forma más significativa en barrios y áreas de menor renta, donde el uso del juego, no solo a través de espacios físicos, sino especialmente a través de Internet, es alarmante, al relacionar el juego con el ocio y el divertimento común generado por una falsa realidad de poder generar riqueza con poco esfuerzo.

Por todo ello, el grupo municipal de Unidas Podemos propone al Pleno la adopción del siguiente

ACUERDO

Instar al Gobierno de Canarias a establecer una distancia mínima de 700 metros lineales entre las nuevas casas de apuestas y los centros educativos de enseñanza obligatoria, formación profesional, universitaria, centros de rehabilitación y hospitales, así como una distancia suficiente entre las casas de apuesta existentes.

Instar al Gobierno de Canarias a promover y potenciar la apertura de centros sociales, gestionados directamente por la juventud, donde puedan desarrollar un ocio digno, que potencie el conocimiento, el deporte y las artes.

Instar al Gobierno de Canarias a reforzar la prohibición de las terminales de apuestas deportivas en salones de juego, bingos, casinos y bares, para que se sigan desarrollando en establecimientos autorizados externos.

Instar al Gobierno de Canarias a implementar regularmente planes de inspección en las casas de apuestas presenciales, para aumentar los controles y prevenir el acceso a las personas menores de edad. Así mismo, valorar la realización de programas de formación de la Policía Local sobre la aplicación de la normativa y las infracciones más habituales relacionadas con las apuestas y el juego, parta que puedan continuar su labor de control.

Instar al Gobierno de Canarias a llevar a aumentar actividades informativas en los centros educativos, en el marco de la prevención de adicciones generadas por el juego y las apuestas, para informar de los riesgos y problemas de salud pública en que derivan.

Instar al Gobierno de Canarias a realizar y publicar informes periódicos sobre la localización geográfica de las casas de apuestas presenciales atendiendo a criterios socio-económicos de la población local.

Instar al Gobierno de Canarias a que a su vez inste al Gobierno de España a reconocer la ludopatía como problema de salud pública y garantizar los recursos públicos en los planes de prevención y rehabilitación de la ludopatía en el marco del sistema público de salud con el objetivo de acelerar el acceso y mejorar la calidad del servicio.