Ramón Trujillo Morales, concejal de Unidas Podemos, en uso de las atribuciones que le confiere el Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Municipal, presenta al Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife esta Moción para su debate y aprobación, si procede, de acuerdo con la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución Española consagra el derecho de la ciudadanía a recibir “información veraz” y a “expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones”. Como se explicaba en la exposición de motivos de la Proposición de Ley para legislar el Estatuto del periodista profesional, impulsada por Izquierda Unida en 2004, “cuando el derecho a informar, que a todos se reconoce, se ejerce de modo habitual y profesional queda cualificado con una función social: el derecho se convierte en deber de informar al servicio del derecho del público a ser informado”.

El mandato constitucional de veracidad y pluralismo a menudo es conculcado por numerosos medios de comunicación, en función de las preferencias políticas de sus propietarios, de las exigencias que genera la dependencia económica de la publicidad o por los intereses económicos con que se encuentra vinculada la propiedad de los medios de comunicación. La financiación de los medios, los intereses de la propiedad de los medios y la ausencia de protección legal suficiente de quienes trabajan en los medios para poder ejercer con independencia su profesión son factores estructurales que permiten conculcar el pluralismo y la independencia profesional a la hora de elaborar informaciones. Y, por supuesto, cuando a la ciudadanía se le proporciona sistemáticamente información sesgada se produce un deterioro de la calidad del proceso democrático. Si hay decisiones políticas de la ciudadanía influidas por omisiones informativas, o manipulaciones, se estaría degradando el proceso democrático y, por lo tanto, produciendo un impacto en los procesos electorales similar al fraude electoral.

El uso sesgado de la información y la censura son realidades normalizadas en nuestro país, y agravadas en nuestro municipio, que degradan la calidad de nuestra democracia. El Informe Anual de la Profesión Periodística de 2019, de la Asociación de la Prensa de Madrid, incluía los datos de una encuesta que mostraba que sólo un 6% de la población considera la información sobre política “razonablemente objetiva”. Y el 87% de los periodistas y las periodistas consideran que la desinformación es “un problema muy importante”. No disponemos de datos demoscópicos concretos sobre nuestro municipio pero entendemos que el panorama no es mejor.

Frente a los medios de comunicación de propiedad privada, vinculados lógicamente a los intereses económicos de la propiedad y dependientes también de los intereses de los anunciantes, los medios de titularidad pública tienen el potencial de ser independientes de los intereses particulares. Ese potencial de dar voz al pluralismo de la sociedad explica que las radios públicas municipales se expandieran en nuestro país, en la segunda mitad de los años setenta, con la llegada de la democracia.

Las emisoras públicas locales se conciben como un actor más de la comunidad y su papel está definido por su misión de servicio a la comunidad, a la que debe responder de acuerdo a sus intereses sociales, culturales y educativos, primado esta función sobre aspectos economicistas, que rigen la radiodifusión privada. La radio pública local constituye el único referente de modelo participativo y de proximidad contemplado legalmente. Los modelos asociativos o comunitarios son escasos en nuestro país al no disponerse de una base legal sólida que normalice su funcionamiento.

La radio pública local es un espacio de representación y expresión de la sociedad en la que prevalece el propósito de servicio público y la voluntad de ser reflejo y expresión de la diversidad que la propia sociedad alberga. Es un instrumento social que incide directamente en la consolidación de lo público y que, como cualquier medio de comunicación, genera un escenario donde se configuran las culturas políticas. Sólo que la titularidad pública implica la mejora del derecho de la ciudadanía a la comunicación y a la información si se adopta un estatuto que garantice el interés público. Por eso, pensamos que los estatutos de una radio pública municipal debieran plantearse escuchando a profesionales de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de La Laguna y a los principales sindicatos de periodistas. Se trata de garantizar la profesionalidad, la independencia, el pluralismo y el servicio público.

Esta propuesta tiene como objetivo mejorar la calidad democrática del espacio público municipal, fomentar el conocimiento mutuo de las iniciativas culturales, sociales y económicas de la ciudadanía e incrementar la cohesión social y la participación.

Por todo lo expuesto, planteamos al Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife los siguientes

ACUERDOS

1 Realizar un estudio para determinar el coste económico de poner en marcha una emisora de radio municipal y valorar la fórmula jurídica más apropiada. 

2 Abordar con la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de La Laguna y con los principales sindicatos de periodistas cuál debiera ser el contenido de los estatutos de una radio que aspire a ser reflejo de la realidad social, cultural, política y económica del municipio. Que aspire a combinar la mayor participación ciudadana con la mayor profesionalidad y, al mismo tiempo, goce de independencia frente a intereses económicos particulares e injerencias partidistas.