Yaiza Gorrín presenta una moción para que el Pleno municipal secunde la petición de la coordinadora ciudadana COESPE, con quien coincide en que “se ha creado la falsa imagen de déficit, generando alarmismo e incertidumbre a los pensionistas y al conjunto de la población”

El propio Ministerio de Seguridad Social ha reconocido en 22.300 millones de euros el importe de gastos impropios, solo en 2020, a cargo de las cotizaciones, y también el Tribunal de Cuentas ha cuantificado en 103.690 millones los recursos utilizados impropiamente de 2010 a 2018

La necesidad de una auditoría también la ha puesto de manifiesto en el Congreso de los Diputados la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo

Yaiza Gorrín, concejala de Unidas Podemos (Izquierda Unida-Podemos-Equo), ha presentado una moción para que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife apoye la realización de una auditoría de las Cuentas de la Seguridad Social para cuantificar el importe de gastos impropios de las cotizaciones sociales que desde hace muchos años viene soportando la llamada Hucha de las Pensiones, y que ese dinero sea devuelto para el fin con el que fueron recaudados: sostener el sistema público de pensiones.

La petición de esta auditoría al Gobierno central la promueve la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE), con la que Gorrín coincide en que “se ha creado una imagen distorsionada de desequilibrio financiero, generando alarmismo e incertidumbre a los pensionistas y al conjunto de la población” sobre el futuro de sus pensiones; pero ese déficit es falso, pues este sistema público ha sido y es autosuficiente para cubrir las pensiones contributivas”.

Tal es así, según se recoge en la moción, “el propio Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha reconocido en 22.300 millones de euros anuales el importe de gastos impropios, solo en 2020, a cargo de la Seguridad Social, y también el Tribunal de Cuentas ha cuantificado en 103.690 millones los recursos utilizados impropiamente en el periodo 2010-2018”.

Tan evidentes son los datos provisionales conocidos hasta ahora que en el Congreso de los Diputados, su Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, constató el pasado año que “las cotizaciones sociales continúan sufragando gastos de naturaleza no contributiva que, en sentido estricto, deberían ser asumidos por el Estado a través de aportaciones a los presupuestos de la Seguridad Social”.

Por ello esta comisión de las Cortes considera “fundamental que la ciudadanía tenga una imagen fidedigna de la situación de la Seguridad Social a partir del conocimiento preciso del decisivo papel que ha desempeñado en la construcción de las instituciones de nuestro Estado de bienestar; para ello ha de elaborarse un estudio que refleje en qué medida las cotizaciones sociales asumieron durante años el peso de la financiación de otras políticas del Estado”.