Ramón Trujillo denuncia que la Consejería lleva cien días sin responder a su solicitud, como profesor de Secundaria, de pasar a servicios especiales para poder cumplir con sus obligaciones como cargo público
El concejal se queja de que esta demora “jamás ha ocurrido” con portavoces de otros partidos y confiesa que le produce “vergüenza ajena” la actitud de Educación, cuando se trata de un derecho laboral de un representante de la ciudadanía
Ramón Trujjllo, portavoz municipal de Unidas Podemos (Izquierda Unida-Podemos-Equo) en Santa Cruz de Tenerife, ha pedido amparo a la Diputación del Común ante lo que considera un «boicot» de la Consejería de Educación del Gobierno canario por demorar la resolución de su solicitud, como docente, de pasar a servicios especiales por sus responsabilidades como concejal.
Trujillo expone que, ante esta “inaudita e injustificada” situación, surgida por un trámite administrativo obligatorio tras el cambio de gobierno municipal en Santa Cruz, ha tenido que reincorporarse a su puesto de trabajo como profesor de Historia en un instituto de Secundaria, lo que le obliga a un cumplimiento deficiente de sus obligaciones como cargo público en el Ayuntamiento.
La Consejería de Educación lleva cien días sin resolver la solicitud efectuada por Trujillo para acogerse a este derecho legal, una demora que «jamás ha ocurrido» con portavoces de CC, PP o PSOE. Al edil le «produce vergüenza ajena tener que denunciarlo y que esta vulneración de derechos se aplique única y exclusivamente contra Unidas Podemos».
Trujillo señala que los docentes tienen reconocido, como derecho laboral, el paso a servicios especiales para poder cumplir con sus deberes de representación de la ciudadanía cuando ocupan determinados cargos públicos. Se trata de un derecho laboral destinado a posibilitar el cumplimiento de responsabilidades públicas conferidas por la ciudadanía.
Debido a este trámite no resuelto, el edil no puede ejercer ni el derecho que le corresponde, ni recurrir una eventual denegación. La Consejería exigió al portavoz de UP acreditar circunstancias que no cumple, pero que no se corresponden con la legislación actualizada, que sí ampara la pretensión del portavoz municipal, tal y como ha certificado el secretario del Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Trujillo ha pedido por escrito a la Diputación del Común que intervenga para impedir que, desde la Consejería de Educación, sus responsables «torpedeen a rivales políticos mediante la vulneración de derechos laborales diseñados para materializar, de forma efectiva, el derecho de participación política de los portavoces de grupos políticos institucionales elegidos por la ciudadanía».
