Un acuerdo promovido por Ramón Trujillo logra unanimidad para que el Ayuntamiento inste a paliar los efectos negativo de la Ley Montoro sobre la autonomía de los municipios
El portavoz de Unidas Podemos asegura que no se puede «asimilar gasto público a derroche» porque hay servicios que en manos del Ayuntamiento serían incluso más baratos que con gestión privada
El portavoz de Unidas Podemos (Podemos, Izquierda Unida, Equo), Ramón Trujillo, ha logrado el apoyo unánime del Pleno municipal para que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife inste al futuro Gobierno estatal y a los grupos políticos del Congreso de los Diputados a remover las trabas legales que impiden a los consistorios contratar a personal para prestar con garantías los servicios públicos básicos, entre ellos los de atención a las personas en riesgo de exclusión social o en situación de pobreza. Una imposibilidad que, desde la conocida como Ley Montoro, afecta incluso a los ayuntamientos sin problemas de deuda e incluso con superávit.
El acuerdo, apoyado por el equipo gobernante, que encabeza el PSOE, y por los demás partidos de la oposición (PP y CC-PNC), implica instar a que de los próximos Presupuestos Generales del Estado se suprima de los gastos de personal «todo articulado que suponga un ataque a la autonomía organizativa de los ayuntamientos recogidas en la Constitución Española en lo referente a la organización de los recursos humanos necesarios para llevar a cabo los servicios públicos básicos» que les corresponde prestar.
Este acuerdo, con el se reclamará también al Gobierno estatal que respete la autonomía municipal, se trasladará a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y a los grupos parlamentarios de las Cortes.
El portavoz Unidas Podemos puntualiza que, si bien para su grupo el objetivo sería solicitar cambios más profundos en la llamada Ley Montoro, promulgada por un ministro de Rajoy, «lo importante es avanzar». En este sentido aceptó una enmienda transaccional de CC-PNC, que permitió la unanimidad, para añadir que dicha petición a las Cortes y al Gobierno estatal se hace con independencia de la obligatoriedad de cumplir las exigencias actuales de la legislación estatal en cuanto a regla de gasto, estabilidad presupuestaria y niveles máximos de endeudamiento, así como el necesario informe de la intervención municipal que asegure que se cuenta con financiación estable para las nuevas incorporaciones de personal.
«Gasto público no equivale siempre a despilfarro»
Durante su defensa de la moción, Trujillo reprochó al PP que «asimile siempre mayor gasto público a descontrol y despilfarro, cuando la realidad es que hay servicios municipales básicos infradotados de personal, y que en los países de la UE se destina a gasto público local el doble que en España y un porcentaje a su fuerza laboral mayor que en el sector público español, y qué causalidad que esos países tienen menos desempleo y, en muchos aspectos, mejor calidad de vida».
En una respuesta escrita a una pregunta formulada por Trujillo sobre las previsiones de incorporación de personal para 2020, el área de Recursos Humanos del Ayuntamiento santacrucero afirma que «si se mantuviesen los vigentes criterios de porcentaje de tasa de reposición en la oferta de empleo público se incluirían el próximo año en el régimen general 56 plazas para reponer jubilaciones y 4 plazas de nueva creación, mientras que para la Policía Local se incluirían 15 para reponer jubilaciones y 2 de nueva creación». Cifras que Unidas Podemos considera a todas luces insuficientes.
El concejal de Unidad Podemos enfatizó que el Ayuntamiento de Santa Cruz, a pesar del incremento del gasto social en el pasado mandato, «necesita contratar a más personal para servir más y mejor a nuestros vecinos», y apuntó que la prestación de servicios públicos a través de empresas privadas puede tener sentido en algunos casos, pero en otros resulta injustificada porque, en el caso de la limpieza, los santacruceros se ahorrarían dinero si el servicio volviera a tener gestión pública.
Las políticas de austeridad han privatizado servicios
En la exposición de motivos de la moción, Trujillo se queja de que «cuando más necesario era disponer de una administración local fuerte, con recursos ante la situación de crisis económica por la que pasaba el país para hacer frente a los graves apuros en los que se ha visto envuelta gran parte de la población, el Gobierno del Estado aprobó en 2013 la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, más conocida como Ley Montoro, que supuso un recorte competencial sin precedentes, un importante retroceso sobre los servicios que prestan las corporaciones locales y un ataque a la autonomía municipal, al ejercer sobre ésta un enorme control financiero y presupuestario que, entre otras medidas, supeditó el uso de los superávits a la realización de determinado tipo de inversiones o al pago de la deuda, y se estableció un control restrictivo sobre la evolución de las plantillas».
A su juicio, tales «políticas de austeridad en los últimos años se han dirigido a restringir el gasto público para minimizar al máximo el papel de las instituciones públicas en la economía y a diseñar medidas para, de manera directa o indirecta, privatizar los servicios públicos».
