Ramón Trujillo Morales, concejal de Unidas Podemos, en uso de las atribuciones que le confiere el Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Municipal, presenta al Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife esta Moción para su debate y aprobación, si procede, de acuerdo con la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Hay que reconocer que la gestión de aparcamientos públicos, en Santa Cruz de Tenerife, mediante concesiones otorgadas a empresas privadas, ha conllevado el cobro de tarifas excesivas, ingresos escasos para la administración y un descontrol de los servicios prestados realmente grave. También ha conllevado una doble pérdida de oportunidades para la ciudadanía del municipio: por una parte, se pudieron haber aplicado tarifas de estacionamiento más bajas y, por otra, hubiera sido posible la aportación de mayores ingresos al erario municipal para financiar la prestación de servicios y, en especial, la movilidad sostenible.

Desde que, en 2017, un informe encargado por el Ayuntamiento detectó numerosas irregularidades, en los nueve aparcamientos analizados, han tenido que pasar cinco años para que se exija a algunos de esos aparcamientos reducir tarifas hasta el máximo legal permitido y abonar las deudas derivadas de la ausencia de actualización del canon. La deficiente y lenta respuesta del Ayuntamiento ha permitido que lo que se adeuda en concepto de canon esté prescrito, cuando han transcurrido más de cuatro años, y, asimismo, ha hecho posible que algunos aparcamientos siguieran cobrando una tarifa horaria que superaba el máximo legal permitido durante cinco años. Sin embargo, esas empresas ahora ni tienen que devolver lo cobrado de más indebidamente, ni serán objeto de sanción. Tan sólo se les exige que, en lo sucesivo, se ajusten a la legalidad.

Desde luego, si la gestión directa por parte de la administración hubiera producido las irregularidades mencionadas (y otras muchas señaladas en el informe de 2017) habría voces exigiendo introducir la gestión privada ante tan evidente fracaso. Pues bien, sería lógico efectuar la conclusión equivalente: si la gestión privatizada ha sido tan desastrosa, tan perjudicial para el bolsillo de la ciudadanía y tan negativa para las arcas públicas, en tal caso ha llegado el momento de proceder a la gestión directa desde el momento en que sea posible, a través de las fórmulas previstas por las leyes.

En marzo de este año, el Ayuntamiento exigió que el aparcamiento de Puente Serrador reduzca su tarifa de 1,96 euros la hora a 1,18 euros por hora. Es decir, se han estado cobrando 78 céntimos de euro de más a cada vehículo, por cada hora que haya permanecido estacionado, en ese aparcamiento en los últimos años.

Esto quiere decir que, durante todo un año, sin contar los domingos, se habrían cobrado 141.679 euros de más si las 573 plazas del aparcamiento se hubieran ocupado una sola hora al día. En los últimos cuatro años estaríamos hablando de un cobro irregular de 566.000 euros a quienes han usado ese aparcamiento. Más aún: el Ayuntamiento reclama ahora un canon anual de 26.649,75 euros, frente a los 15.005,44 que pagaba la empresa adjudicataria. Deberá abonar la diferencia correspondiente a los años no prescritos, además de los intereses.

Pues bien, si el parking de Puente Serrador cobraba un 66,47% más de lo permitido, en 2021, el parking de la Plaza Weyler aplicaba una tarifa que superaba en un 55,6% la tarifa máxima aplicable. Y, aunque tendrá que ajustar a la legalidad la tarifa, nadie le reclamará los beneficios caídos del cielo del descontrol municipal. Por su parte, el parking del Estadio excedía sus tarifas un modesto 16,67%; el de Tomé Cano un 30%; el aparcamiento de Ramón y Cajal un 46,3% y Puerto Escondido un 54%. Los siete aparcamientos públicos inspeccionados cobraban tarifas abusivas, superando todos el máximo legal permitido.

El parking de la Avenida de Anaga ha estado cobrando un sobreprecio del 38% sobre la tarifa legal máxima. Ha cobrado 2,1 euros por hora cuando no debía sobrepasar el precio de 1,5 euros por hora. Este aparcamiento tiene 562 plazas, de las que 474 se hallan en rotación. Si todas las plazas en rotación son ocupadas durante una hora, el aparcamiento ingresa 284 euros de más. Si todas las plazas en rotación son ocupadas una hora al día durante un año (excluyendo los domingos) tendríamos una ganancia de 90.028 euros en un año por cobros abusivos. Si la totalidad de las plazas en rotación se hubieran ocupado tres horas diarias durante un año (sin domingos) la ganancia irregular ascenderá a 270.084 euros. En realidad, lo que los siete aparcamientos que cobran más de lo permitido han obtenido irregularmente de los ciudadanos y ciudadanas que usan esos aparcamientos públicos seguramente suma varios millones de euros en los últimos años. Esto es un impuesto invisible que la ciudadanía paga a determinados particulares a cambio de nada de nada.

En 2016, el parking de la Avenida de Anaga pagaba un canon anual de 7.841,93 euros. Es decir, 13,96 euros por plaza al año. El informe de 2017 sobre las irregularidades de los aparcamientos públicos afirmó que el canon, para 2017, debiera ascender a 11.113,05 euros anuales. Es decir, 19,77 euros por plaza. ¿Esto es poco o es mucho? Para responder es interesante efectuar una comparación con el estudio entregado este año al Ayuntamiento para valorar la posible construcción de un aparcamiento entre las Torres de cabo Llanos. En ese estudio se asume que la empresa adjudicataria pagaría un canon anual, por cada plaza, de 396,2 euros.

Si el parking de la Avenida de Anaga (con graves problemas de accesibilidad para personas con movilidad reducida) pagara un canon anual, por plaza, como el que se exigiría a un aparcamiento entre las Torres de Cabo Llanos, el canon anual ascendería a 207.490,4 euros, es decir, dieciocho veces más de lo que se determinó que debió haber pagado en 2017. Y tengamos presente que el aparcamiento de Cabo Llanos estaba previsto que cobrara a 1,5 euros la hora, lo mismo que debiera cobrar el de la Avenida de Anaga, aunque ha estado cobrando irregularmente 2,1 euros la hora.

Si el parking de la Avenida de Anaga fuera gestionado por el Ayuntamiento directamente, sin tener ni que amortizar el coste de su construcción, los datos apuntan a que podría aportar a las públicas una cifra que no bajara de los 400.000 ó 500.000 euros anuales y, además, ello sería posible rebajando las tarifas máximas legales. La buena noticia es que la concesión estará concluida el día 16 de febrero de 2025. La mala noticia sería enterarnos de que, en 2024, se vuelve a preparar otra licitación a pesar de la experiencia de todos estos años con todos estos aparcamientos. Por eso es importante que, con antelación suficiente, el Pleno de Santa Cruz de Tenerife aprenda las lecciones del pasado reciente y se tome la decisión de llevar a cabo la gestión directa del aparcamiento de la Avenida de Anaga antes de que concluya la concesión.

Por todo lo expuesto, proponemos al Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz el siguiente

ACUERDO

 

Adoptar la decisión de no volver a sacar a licitación el aparcamiento público de la Avenida de Anaga y proceder a establecer su gestión directa por parte del Ayuntamiento.