Yaiza Gorrín muestra su satisfacción por el respaldo del Pleno municipal a su moción, como acuerdo institucional, para adherirse a la iniciativa de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE)

La concejala afirma que se ha generado un “innecesario alarmismo” a los pensionistas con un déficit que no es real si se empleara el dinero de las cotizaciones en los gastos para los que realmente se recauda

La edil recuerda que el propio Ministerio de Seguridad Social ha reconocido en 22.300 millones estos gastos impropios en 2020 y el Tribunal de Cuentas los cifra en 103.690 millones en el periodo 2010-2018

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha aprobado, como moción institucional y a iniciativa de Unidas Podemos, solicitar al Ministerio de Hacienda una auditoría de las Cuentas de la Seguridad Social, con el fin de que “la ciudadanía tenga una imagen fidedigna” de la situación del sistema público de pensiones.

De esta forma se podrá cuantificar el importe total de los denominados gastos impropios que se han sufragado con cargo a las cotizaciones sociales y habilitar la compensación económica adecuada a la llamada hucha de las pensiones.

Con este acuerdo, el Pleno municipal, con apoyo de todos los grupos políticos, se adhiere a la iniciativa ciudadana que promueve la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE).

La concejala Yaiza Gorrín muestra su satisfacción con este apoyo unánime de la corporación municipal a que se audite la caja única de la Seguridad Social, pues, como sostiene COESPE,  “se ha creado una imagen distorsionada de desequilibrio financiero, generando alarmismo e incertidumbre a los pensionistas y al conjunto de la población sobre el futuro de sus pensiones; cuando ese déficit es falso, pues este sistema público ha sido y es autosuficiente para cubrir las  contributivas”.

Como se explica en la exposición de motivos de la moción el propio Ministerio de Seguridad Social ha reconocido en 22.300 millones de euros el importe de gastos impropios, en 2020, a cargo de las cotizaciones, y también el Tribunal de Cuentas ha cuantificado en 103.690 millones los recursos utilizados impropiamente de 2010 a 2018 y que no debieron haberse gastado del fondo de reserva para los pensionistas.

La necesidad de esta auditoría también la ha puesto de manifiesto en el Congreso de los Diputados la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo. En concreto, este órgano de las Cortes constató que “las cotizaciones sociales continúan sufragando gastos de naturaleza no contributiva que, en sentido estricto, deberían ser asumidos por el Estado a través de aportaciones a los presupuestos de la Seguridad Social”. Por lo que esta comisión concluyó que es “fundamental que la ciudadanía tenga una imagen fidedigna de la situación” y para ello “ha de elaborarse un estudio que refleje en qué medida las cotizaciones sociales asumieron durante años el peso de la financiación de otras políticas del Estado”.