El Pleno del Ayuntamiento chicharrero celebrado en febrero ha aprobado como moción institucional una iniciativa de la concejala de Unidas Podemos Luisa Tamayo para defender el derecho de las trabajadoras y los trabajadores del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH) –en huelga indefinida-  a tener la consideración de personal de la Administración General de la Comunidad Autónoma, pues la gran mayoría sufre la temporalidad

El acuerdo impulsado por UP en Ayuntamiento de la capital tinerfeña apoya las reivindicaciones del personal del IICHH para que el Gobierno canario no lo convierta en una entidad pública empresarial, lo que  la plantilla afectada considera una “privatización encubierta”, y acabe con la precariedad laboral, ya que el 95% de quienes trabajan en este instituto tiene contratos temporales en Santa Cruz de Tenerife, y el 75% en toda Canarias.

Mediante esta moción institucional,  el Ayuntamiento chicharrero solicitará que el ICHH conserve su actual régimen jurídico de organismo autónomo dependiente de la Consejería de Sanidad o integrándose directamente en este departamento o bien en el Servicio Canario de Salud.

También el Consistorio capitalino instará a que la totalidad de las trabajadoras y los trabajadores del ICHH tengan la consideración de personal de la Administración General de la Comunidad Autónoma con la correspondiente subrogación o integración.

Está moción fue consensuada con el colectivo de trabajadoras y trabajadores del ICHH que defienden el servicio público.

Hasta la fecha, el Instituto cuenta con una cuenta comercial propia que ronda los 16 millones de euros en transacciones comerciales relacionadas con la compra y venta de hemoderivados.

Tamayo recuerda que en mayo del pasado año la presidenta del ICHH, María Teresa Gutiérrez, intentó estabilizar al personal con un convenio propio de empresas público-empresariales, una acción que el Comité de Huelga ve como parte del proceso «de externalización» del servicio.

El ICHH, el único del Archipiélago, fue fundado en el año 1986. Las bases de su creación se recogen en la ley 11/1986, en la que se decidió que tendría personal laboral propio, pero que, además, podría contar con el personal dependiente de la Administración autonómica.