Dolores Espinosa, concejala de Unidas Podemos, en uso de las atribuciones que le confiere el Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Municipal, presenta al Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife esta Moción para su debate y aprobación, si procede, de acuerdo con la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los datos son claros y sonrojantes. Nuestra comunidad autónoma es, 14 años después de la aprobación de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (en adelante LAPAD), una de las más retrasadas en todas sus variables. El tiempo medio de tramitación de un expediente de dependencia en Canarias es el más alto del todo el país (927 días), frente a los 138 días en País Vasco o los 187 días en Castilla-León (dos comunidades con un nivel de población muy similar al nuestro).

 

El Archipiélago se sitúa en los puestos de cabeza de las listas de espera y mantiene en el “limbo de la dependencia” a más de 8.000 personas, que tienen reconocida una prestación o servicio pero no la reciben.

Hay que recordar que los recortes al sistema de dependencia aprobados por el gobierno de Mariano Rajoy en 2012 (2.865 millones menos) supusieron un varapalo para el desarrollo de la Ley y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD); pero los recortes se llevaron a cabo en todo el país por lo que no explican las “gravísimas desigualdades”  entre territorios tanto en cobertura como en modelos de gestión detectados por el Observatorio de la Dependencia en su XXI informe, presentado el pasado 15 de marzo de 2021.

En dicho dictamen, de los catorce parámetros para medir el éxito de la aplicación de la Ley, Canarias se sitúa en el penúltimo lugar, sólo superada por Cataluña.

El texto hace una observación que no podemos desoír: “Es previsible que haya algunas Comunidades Autónomas que no puedan recorrer el camino que les queda sin un cambio drástico de modelo de atenciones y/o una inyección financiera específica” y añade una afirmación que debe sonrojarnos: “la distancia entre las comunidades cada vez se hace mayor”.

El índice DEC (Derechos/Economía/Cobertura) de los Servicios Sociales en España de 2018 analiza algunos factores que explican por qué no somos capaces de mejorar estas cifras y a qué obedecen esas fuertes diferencias con otros territorios: ineficiencia, solapamiento entre administraciones y la debilidad de las estructuras básicas de servicios sociales en el ámbito local.

“Comprendiendo la complejidad de la prestación de servicios en los territorios insulares, uno de los mayores desequilibrios que presenta Canarias es la ineficiencia”, señala el informe anual elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España.

La ineficiencia explicaría nuestro índice DEC (tal y como aparece en la imagen inferior). Con un esfuerzo económico del 5,3, sólo alcanzamos un 3,2 por ciento de Cobertura y el 2,7 de los Derechos reconocidos.

En este informe, la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España instaba a Canarias a una “urgentísima ordenación territorial en la que Cabildos, grandes municipios y Gobierno canario alcancen un pacto estratégico global hacia un modelo vertebrado de servicios sociales que va mucho más allá de la mera delegación de competencias”.

Es decir, si no somos capaces de elaborar ese modelo vertebrado de Servicios Sociales que implique al Gobierno, los Cabildos y los grandes municipios, Canarias no podrá cumplir los objetivos de la Ley de Dependencia.

En los dos últimos años, sin embargo, se percibe un cambio de tendencia con resultados más positivos. Se debe principalmente a dos factores: la nueva Ley de Servicios Sociales en Canarias aprobada en 2019 marcó la hoja de ruta a seguir: aprobación del Catálogo que concrete los derechos reconocidos y una planificación que permita ordenar racionalmente el Sistema.

La actual consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, ha entendido que para superar estos 14 años de retraso en el desarrollo de la Ley y del SAAD y acabar con la ineficiencia es necesario ese plan estratégico global en torno a los Servicios Sociales, del que formen parte Gobierno, Cabildos y grandes ayuntamientos.

Los datos respaldan una mejora objetiva: Canarias fue de las pocas comunidades donde se incrementó el número de personas dependientes atendidas: 1.680, lo que implica un 7,18% más. En el conjunto del país sólo se pudo crecer un 0,81%. Y hay otros parámetros, como que en 2020 aumentaron el número de prestaciones en 2,494.

Con estas cifras observamos un cambio de tendencia, vamos a una situación donde comprendemos que gastar más no supone gastar mejor y que la vertebración y la descentralización en los ayuntamientos son determinantes para la eficiencia del Sistema.

De ahí que la consejera Noemí Santana haya remitido una carta este mes de marzo a los 88 ayuntamientos de Canarias pidiéndoles su implicación para lograr ese “modelo vertebrado” de Servicios Sociales entre Gobierno, Cabildos y grandes municipios que necesitamos construir para no ser una autonomía fallida incapaz de atender las necesidades sociales de su población.

En el escrito, la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, insta a los ayuntamientos a formar parte de este modelo basado en la “equidad, eficacia, eficiencia y máxima proximidad al ciudadano” y urge a la creación de unidades específicas de Dependencia donde se lleve a cabo “la detección y la valoración de las necesidades, el diagnóstico, la planificación, la intervención, el tratamiento, el seguimiento y la evaluación de la atención”.

Asimismo insta a los ayuntamientos a crear unidades específicas para la elaboración del Programa de Atención Individual (PIA), básico para entrar en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Algunos ayuntamientos ya se han sumado a la elaboración de informes sociales (lo que explica los últimos datos de mejoría).

Corporaciones como La Laguna, Mogán, El Pinar, Frontera, Valverde, Los Llanos de Aridane, El Sauzal, La Guancha, Los Silos, San Juan de La Rambla o La Victoria son algunos de los Ayuntamientos implicados con Servicios Sociales para revertir esta situación.

Este llamamiento del Gobierno canario a la cooperación entre administraciones públicas viene acompañado además de la distribución, entre los ayuntamientos canarios, de 12 millones de euros procedentes del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, para reforzar los servicios sociales municipales con el fin de mejorar la vida de los sectores de población más desfavorecidos, como expone en su carta Noemí Santana.

Y llegados a este punto hay que poner de relieve que uno de los trámites que está demorando el reconocimiento del derecho a la prestación de la Ley de Dependencia es el mencionado informe PÍA, para cuya elaboración los servicios sociales municipales son precisamente los que ya disponen de información para la evaluación de las circunstancias socioeconómicas de las personas vulnerables.

Por todo ello, resulta de justicia la colaboración del Ayuntamiento en este sentido porque acortaría el tiempo espera, acabando así con un intolerable sufrimiento de muchas personas, que, en el caso de quienes fallecen sin haber podido beneficiarse de estas prestaciones, ya es irreversible. Y por otro lado se aliviaría así la presión sobre los servicios sociales municipales al recibir, en un plazo más corto, estas personas la prestación correspondiente de la Comunidad Autónoma.

ACUERDO

Crear una unidad específica de Dependencia provista de personal técnico y trabajadores sociales que será la encargada de asesorar a las familias y usuarios así como de la redacción de los informes con los que posteriormente el Gobierno de Canarias elaborará el Programa Individual de Atención (PIA), que es la resolución final del procedimiento por el que se determina el servicio o prestación económica más apropiado.