El portavoz del grupo municipal, Ramón Trujillo, preguntará en el Pleno municipal por la investigación interna que anunció el anterior gobierno local «caiga quien caiga» y cuál es la postura del actual equipo gobernante sobre este asunto

Dolores Espinosa pregunta en el pleno por los reiterados impagos de salarios por parte de SOTEC, la empresa que lleva el mantenimiento de la piscina Acidalio Lorenzo; y la edil Yaiza Gorrín sobre si el Ayuntamiento ha aprovechado unas subvenciones del Gobierno canario para combatir el maltrato animal    

El portavoz de Unidas Podemos (Podemos, Izquierda Unida, Equo), Ramón Trujillo, presenta en el próximo pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, previsto para este viernes 26 de octubre, una pregunta en la que solicita al gobierno municipal saber en qué paró la investigación interna anunciada en el pasado mandato por el entonces concejal de Urbanismo, Carlos Tarife (PP) para esclarecer presuntas responsabilidades por una licencia de construcción declarada ilegal por sentencia judicial firme, que ha obligado al cierre de la residencia de ancianos Drago del Marqués, en Ifara.

Trujillo recuerda que en febrero pasado Tarife compareció ante la Comisión de Control a iniciativa de Izquierda Unida y se comprometió a investigar este asunto «caiga quien caiga». Para el edil de Unidas Podemos, «el proceder y la imagen de una Administración pública deben ser intachables, y en este expediente, como han constatado los tribunales de Justicia, existen indicios que lo ponen en entredicho, por lo que estaremos vigilantes para que se esclarezca cómo fue posible que se concediera una licencia de obras que no se ajustaba al planeamiento vigente». «Una ilegalidad flagrante», observa Trujillo, «que tuvieron que denunciar, con dinero de su bolsillo, unos vecinos a quienes la Gerencia de Urbanismo no les hizo caso de 2003 a 2018, hasta que ganaron el litigio».

El edil de Unidad Podemos también solicita conocer cómo se reubicó a las personas usuarias de este residencia y si finalmente hay algún proyecto de demolición aprobado, para ejecutar la sentencia, y que permitiera la reapertura del centro.

Los tribunales declaran probado que la licencia era nula de pleno de derecho porque amparó ilícitamente una construcción que supera la edificabilidad y las alturas permitidas, de modo que hasta 4 plantas deberían ser demolidas, lo cual además podría generar una petición de indemnización al Ayuntamiento por parte de los promotores.

De ahí que «cualquier sombra de corrupción, aunque sea sobre el pasado de este Ayuntamiento, debe ser aclarada y ahí Unidas Podemos va a tener una máxima exigencia», enfatiza Trujillo.

Impagos al personal de la adjudicataria SOTEC

En el pleno Unidas Podemos también formula otras dos preguntas. Así, la concejala Dolores Espinosa quiere saber qué medidas piensa tomar el gobierno local para que la empresa Soluciones Técnicas Canarias (SOTEC) pague los salarios adeudados a su personal de mantenimiento integral de la pisicina municipal Acidalio Lorenzo, y que no se repitan los reiterados impagos de nóminas que vienen afectando a los trabajadores desde 2011.

Pregunta la edil “si está el Ayuntamiento dispuesto a aceptar que otra ciudadana pase a la precariedad del desempleo por no exigir la readmisión inmediata de una trabajadora despedida por SOTEC, cuyo motivo real podría ser represarias por ser quién se atrevió a hacer gestiones ante la anterior concejala de Deportes para que tanto ella como sus compañeras cobraran su sueldo».

Medidas contra el maltrato animal

Asimismo, la concejala de Unidas Podemos Yaiza Gorrín formula una pregunta para conocer si el Ayutamiento ha aprovechado los fondos para subvenciones a las administraciones locales que se consignaron en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para un plan de choque contra el maltrato animal y las medidas que con esta finalidad llevaran a cabo los consistorios en forma de campañas de concienciación y de esterilización de animales u tras acciones.  Dicha iniciativa surgió de una proposición no de ley defendida en el Parlamento canario en 2018 por la diputada de Podemos Natividad Arnáiz.