Dolores Espinosa afirma que el resultado del concurso para el mayor contrato del Ayuntamiento (142 millones) «sigue oliendo muy mal» porque se ha premiado a una empresa que los ingenieros municipales concluyen que no podrá cumplir las mejoras ofrecidas

Unidas Podemos cree además que Santa Cruz tiene difícil llegar a tiempo para implantar la recogida selectiva de biorresiduos, pues el plazo acaba en diciembre de 2020 en este servicio

Unidas Podemos vigilará «minuto a minuto» que Valoriza, la nueva concesionaria del mayor contrato del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, la recogida de residuos y limpieza viaria, cumple las mejoras de calidad del servicio, y, de no ser así, pedirá las medidas sancionadoras correspondientes, incluso, llegado el caso, la rescisión del contrato.

Hay que recordar que el gobierno de CC y PP adjudicó a finales del pasado mandato este megacontrato de 142 millones de euros a esta empresa, filial de Sacyr (que ya gestiona el servicio municipal de aguas chicharrero) a pesar de que los ingenieros municipales concluyeron que en el apartado de objetivos de calidad su oferta era temeraria, pues con los medios que aporta ven imposible que pueda lograr esos fines. Aunque existía tal informe técnico negativo, esta empresa fue premiada en este aspecto con más puntos que el resto de concursantes.

Así lo ha dejado patente en la Comisión de Control la concejala de Unidas Podemos Dolores Espinosa, quien además previno de que la capital va a tener muy difícil cumplir con el plazo fijado por la Directiva europea 2008/98 y la Ley 22/2021 que obliga a la recogida separada de los biorresiduos para destinarlos a compostaje antes de final de 2023, pero con la primera fase ya implantada desde el 31 de diciembre de 2020 en los municipios de más de 5.000 habitantes.

Espinosa recuerda que el portavoz de Unidas Podemos, Ramón Trujillo, solicitó la declaración de lesividad para el interés público de la concesión del servicio a Valoriza, debido a las advertencias de los técnicos municipales, aunque finalmente no ha sido posible, al entender el gobierno actual que se exponía a una posible reclamación multimillonaria por parte de la adjudicataria.

«El contrato», subrayó Espinosa, «como en su día afirmó Ramón Trujillo, parece adjudicado por Groucho Marx, de un modo que olía y sigue oliendo muy mal, una chapuza más heredada de CC, que hizo caso omiso a los funcionarios que entienden del asunto, los ingenieros, y simplemente dio a este proceso apariencia de legalidad en su aspecto formal, con informes jurídicos, valiéndose del extravagante argumento de que si la empresa incumple, de todos modos se le puede sancionar hasta los límites que permite el pliego de condiciones».

Sin mejoras de plantilla

Para más INRI, Valoriza poco menos que llegó a decir que está dispuesta a perder dinero para cumplir los objetivos de calidad, por lo que la concejala ironizó con que el nuevo servicio se ha adjudicado «a una ONG altruista».

A juicio de la edil, «CC se rió de de la población que pagará con sus impuestos este servicio, con un concurso en el que se infravaloraba las mejoras de plantilla», lo que supuso que la empresa ganadora no ofreciera ampliación alguna de personal, mientras que la oferta de la segunda clasificada recogía 80 trabajadores y trabajadoras más que con el anterior contrato de Urbaser.

Como ha señalado el portavoz de Unidas Podemos, la recogida de la basura y la limpieza viaria sería incluso más barata en manos públicas, en torno a un millón de euros al año, lo que ha convertido la privatización de este servicio en un mal negocio para el Ayuntamiento y, por lo tanto, para toda la población chicharrera.