Ramón Trujillo Morales, concejal de Unidas Podemos, en uso de las atribuciones que le confiere el Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Municipal, presenta al Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife esta Moción para su debate y aprobación, si procede, de acuerdo con la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En fecha reciente se ha hecho público el pago anual de 2.360.000 euros a SACYR, la empresa adjudicataria del agua en Santa Cruz de Tenerife, con el propósito de devolver, en 25 años, los 59.000.000 de euros abonados por esa empresa como canon adelantado y como precio de la concesión del servicio de gestión del agua en el municipio.

El día 27 de junio de 2007, el Consejo de Administración de EMMASA acordó reconocer a SACYR una deuda por valor de 59 millones de euros, que se abonaría en 25 anualidades. Resulta realmente llamativo y preocupante que una empresa que ha sido intervenida por el Ayuntamiento y que, asimismo, ha sido objeto de varias auditorías estuviera obteniendo unos ingresos tan cuantiosos sin justificación legal. Hasta 2018 parece que nadie detectó que un pago de tal cuantía era injustificado, que se registraba por un concepto contable que no le correspondería y que, por lo tanto, alteraba la validez de las cuentas de EMMASA.

El “Informe en relación con la procedencia de la devolución del importe abonado por SACYR, S.A. como precio del contrato suscrito”, firmado por el director general de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos, el pasado día 12 de mayo, advierte, con claridad, de la gravedad del problema:

“Ningún documento de los que rigen el contrato suscrito con SACYR, permite entender que el pago del precio del contrato era susceptible de devolución automática por parte de EMMASA a SACYR.

“Además, como ha quedado acreditado, desde el punto de vista económico tal proceder desequilibra absolutamente la concesión en favor del contratista, ya que le otorga potencialmente una retribución absolutamente desproporcionada fuera de toda comparación con el mercado.

“Por lo tanto, el reconocimiento por parte de EMMASA de una deuda a favor de SACYR por importe de 59 millones de euros, en concepto de “devolución de canon anticipado”, fue una decisión tomada de forma unilateral por esta -debe matizarse en este punto que con la participación de los representantes municipales en la empresa-, sin sustento en el contrato formalizado por SACYR, ni en ninguno de los documentos contractuales de aplicación, ni en ninguno de los documentos que sirvieron de base a la licitación”.

Desde luego, no puede exagerarse la gravedad de un pago de tal magnitud sin fundamento legal que lo justifique y cuando, además, se trata de un dinero que proviene de los bolsillos de la ciudadanía de nuestro municipio. Y, si ya es grave que se devuelva el precio pagado en concepto de abono por la concesión del servicio, es también desconcertante el descontrol que ha permitido ignorar lo que estaba ocurriendo al Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Y también debiera ser objeto de preocupación el hecho de que determinadas subidas del precio del agua -y compensaciones municipales por no haberlo subido en algún año de crisis- podrían haber carecido de base legal.

Asimismo, hay que señalar que el dictamen pericial encargado con motivo del procedimiento 3099/2014, promovido ante el Juzgado Nº2 de Santa Cruz de Tenerife, analizó 270 subcontrataciones efectuadas por el Grupo Sacyr Vallehermoso, de 2006 a 2012, y estableció que 121 de ellas no debieron suscribirse por incumplir prohibiciones establecidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas. Se estimó que el perjuicio causado a EMMASA ascendió a 5.018.518,32 euros.

Por otra parte, el mismo dictamen concluyó que, en siete años, Sacyr sólo invirtió 19,5 millones de euros de los 29,8 millones exigibles (el 65,5%) y que no se pudo estimar el perjuicio causado por no haber invertido otros 10,2 millones, que habrían servido para reducir costes.

Sabemos también que la concesión fue intervenida por el Ayuntamiento y que se le han impuesto penalidades a Sacyr en dos ocasiones, en un caso por valor de 450.000 euros y en otro por valor de 150.000 euros.  Está claro que esta pésima gestión del agua en nuestro municipio ha conllevado gastos no cuantificados al Ayuntamiento para tratar de controlar los daños económicos producidos por una gestión tan lamentable. Y todo apunta a que esta problemática seguirá hasta 2031, año de finalización de la concesión, si antes no se encuentra causa legal para resolver el contrato.

Esta claro que hay que articular una explicación coherente de las cuentas de EMMASA en la etapa de la gestión indirecta del servicio a través de SACYR. Hay que describir las fuentes de todos sus ingresos; determinar qué ingresos han podido ser ilegítimos; cuál ha sido la cuantía real de los beneficios obtenidos; cómo se han gestionado los gastos; qué efectos ha tenido el incumplimiento de una parte de las inversiones comprometidas; cuáles han sido los efectos de las subcontrataciones irregulares; abordar una estimación de los costes de control de la empresa adjudicataria para el Ayuntamiento (gastos legales, auditorías, intervención temporal de la empresa, cuantificación económica del esfuerzo de supervisión); qué razones explican los fallos en los mecanismos de control y, asimismo, proceder a la evaluación de las posibilidades legales de resolución del contrato.

Por todo lo expuesto, proponemos el siguiente

ACUERDO

 

El Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife acuerda crear una Comisión Temporal de Investigación para analizar la gestión del agua llevada a cabo por Sacyr-EMMASA.