Yaiza Gorrín Rodríguez, concejal de Unidas Podemos, en uso de las atribuciones que le confiere el Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Municipal, presenta al Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife esta Moción para su debate y aprobación, si procede, de acuerdo con la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La lucha por el reconocimiento y la plena igualdad de las diferentes identidades sexuales, en las sociedades occidentales, se remonta a finales de los años 1.960. El movimiento por la lucha de los derechos de personas Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales, LGTB comenzaba a constituirse, ocupando su espacio en este nuevo paradigma de reivindicación y demanda social. Era, sin lugar a dudas, el caldo de cultivo ideal para la expresión de una realidad presente en todas las sociedades humanas a lo largo de la historia.

La Constitución Española de 1978 reconoce, en su artículo 35, el derecho al trabajo como un derecho fundamental que no admite discriminación alguna: “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo”.

Además, los artículos 4.2.c) del Estatuto de los Trabajadores y 14.i) del Estatuto Básico del Empleado Público establecen que los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a no ser discriminados en el empleo por razones de género u orientación sexual, entre otras condiciones.

Según los resultados del estudio que lleva por título “Transexualidad en España: análisis de la realidad social y factores psicosociales asociados” (2011), realizado por Juan Manuel Domínguez Fuentes, Patricia García Leiva y María Isabel Hombrados Mendieta, de la Universidad de Málaga, el 33,3% de las personas transexuales en nuestro país tiene unos niveles de ingresos inferiores a 600 euros mensuales, señalando de hecho que un 15% percibe unos ingresos que se sitúan por debajo de los 300 euros. Este dato muestra el nivel de precariedad económica del colectivo, que sin duda está determinado por el alto nivel de desempleo (35,3%).

Además, la percepción más frecuente es que la falta de empleo se debe al hecho de ser una persona transexual (37%). Igualmente se observa que un porcentaje alto de personas transexuales (48,2%) ha ejercido la prostitución. Por otro lado, el 55,9% señala haber sufrido algún tipo de conflicto laboral al hacer pública su transexualidad, lo que revela el nivel de rechazo social del colectivo.

En el estudio sobre Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género en España, elaborado por FELGTB Y COGAM en 2013 (Datos publicados en el Informe EMIDIS 2016, sobre Estrategias y Buenas Prácticas de las Empresas en España en la Gestión de la Diversidad Sexual y de Género), sobre las 762 personas consultadas, el 30% había vivido situación de discriminación en el ámbito laboral. El 72% afirmaba haber sufrido bromas en el trabajo, un 47,52% padeció trato discriminatorio por parte de sus compañeros y un 23,97%  acoso laboral, y específicamente en el caso de personas trans, denuncian situaciones de rechazo o exclusión o problemas de autoestima en el trabajo durante su transición, sobre todo, si el puesto de trabajo es anterior al proceso de transidentidad, y la dificultad que supone mantener dicho puesto durante el proceso de tránsito, entre otras.

Uno de los campos donde las personas transexuales tienen más dificultad es su integración laboral. De esta manera, estas personas demandan que se reconozca al colectivo transexual como un colectivo especialmente sensible a la discriminación social, laboral y jurídica y que los estamentos pertinentes potencien medidas para la mayor inserción laboral de este sector de la población, como pudieran ser políticas de discriminación positiva. De ahí la importancia de promover una cuota de reserva de puestos de trabajo para dichas personas.

Existen muchas dificultades para establecer una valoración cuantitativa en torno a las dificultades de inserción o las condiciones laborales de las personas LGTBI dado que no existe un diagnóstico actualizado. Las administraciones no han invertido tiempo ni dinero en realizar estudios que puedan cuantificar cuál es la situación de esta realidad y cómo poder abordarla.

Cabe señalar, como precedente en la promoción de la inserción laboral de este colectivo, la presentación en agosto de 2018, en el Congreso de Argentina, de un proyecto de Ley de Cupo Laboral Trans a nivel de todo el Estado, a propuesta del Frente Diana Sacayán y de la mano de la diputada de Unidad Ciudadana Mónica Macha. Con ella se pretende instituir el cupo laboral del 1% de la planta de la Administración Pública Nacional para personas transexuales. Es una ley que busca dar respuestas al contexto de alta vulnerabilidad de la población trans, un sector de la población habitualmente relegado del mercado laboral.

Esta ley establece en su artículo 1º “la obligatoriedad de ocupar en una proporción no inferior al 1% de su personal a personas transexuales que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo y establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas, con el fin de promover la igualdad real de oportunidades en el empleo público”.

Recientemente también, hemos visto como la Comunidad Autónoma de Aragón ha aprobado la Ley 4/2018, de 19 de abril, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación. Dicha Ley reserva el 1% de las ofertas públicas de empleo para personas transexuales y víctimas de violencia de género en sus ofertas públicas de empleo (OPE). Ambos colectivos tendrán derecho a reserva de plazas en las convocatorias que se realicen.

Estas medidas no son más que el reflejo de una gran demanda histórica del colectivo de personas transexuales de todo el mundo.

Por otra parte, el Informe del Experto Independiente de Naciones Unidas sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, Víctor Madrigal Borloz, presentado en 2018, recomienda, entre otras cuestiones, “formular políticas y programas específicos para poner fin a la espiral de discriminación, marginación y exclusión que tiene un efecto negativo en los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero y de género no conforme, incluidos sus derechos a la salud, a la educación, al trabajo y a un nivel de vida adecuado, y en su acceso a la justicia”.

Es imprescindible añadir que actualmente la falta de legislación, así como de mecanismos y herramientas de las administraciones públicas destinadas a la inserción laboral de personas trans, implica la patologización del colectivo, que se ve obligado a certificar mediante documentos sanitarios su pertenencia al mismo.

Por todo lo expuesto, la concejala de Unidas Podemos, eleva a la consideración del Pleno de la Corporación Municipal la adopción de los siguientes

 

ACUERDOS

1.- Considerar a las personas trans en general y a todos los efectos como personas en riesgo de exclusión social y con necesidades especiales de inserción laboral.

2.- Crear una mesa monográfica compuesta por colectivos y asociaciones Trans, LGTBI, organizaciones sindicales  y todas las áreas competentes de este Ayuntamiento, incluida la Sociedad de Desarrollo, para la búsqueda de estrategias y soluciones relacionadas con la inserción laboral de este colectivo, cuyo fin sea la consecución de los siguientes objetivos:

a)- Incluir en los planes de empleo, programas de formación y empleo, etc. de nuestro municipio la perspectiva trans; realizar un diseño de las ocupaciones que se van a solicitar en dichos planes que incluya un cupo de un mínimo de un 2% para personas trans, teniendo en cuenta las necesidades específicas y dificultades para el acceso a la formación reglada.

b)- Incluir a este colectivo en las convocatorias de ayudas y subvenciones de fomento del empleo del ayuntamiento, en su apartado de colectivos considerados de difícil inserción, con especial atención a las mujeres trans. c)- Incluir en los pliegos de cláusulas administrativas particulares de los contratos públicos que licite la Corporación, medidas que favorezcan a las empresas que contraten a personas trans.

d)- Promover la contratación de personas trans a través de talleres de sensibilización en el tejido empresarial de nuestro municipio, previo a la incorporación al trabajo de las mismas, para así garantizar un espacio seguro de respeto y empoderamiento de estas personas en sus centros de trabajo.

e)- Crear una reserva del 1% de las ofertas de empleo público municipal a personas de este colectivo.

3.- El Consejo Municipal LGTBI será el órgano fiscalizador de la implantación de estas medidas, en coordinación con las concejalías competentes de la Corporación.

4.- Instar al Gobierno del Estado a la urgente tramitación y aprobación de la “Ley sobre la Protección Jurídica de las Personas Trans y el Derecho a la Libre Determinación de la Identidad Sexual y Expresión de Género”, así como la “Ley de Igualdad de personas LGTBI”, en el Congreso de los Diputados.