Luisa Tamayo Domínguez, concejala de Unidas Podemos, en uso de las atribuciones que le confiere el Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Municipal, presenta al Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife esta Moción para su debate y aprobación, si procede, de acuerdo con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los datos de la última encuesta de discapacidad en el municipio de Santa Cruz de Tenerife arroja el dato de que al menos el 13 % de la población chicharrera tiene algún grado de discapacidad, de las cuales muchas necesitan algún aparato que asegure o facilite su movilidad y/o la accesibilidad y la realización de tareas básicas de higiene (andadores, sillas de ruedas, grúas/arnés, muletas, camas articuladas…) y otras dispositivos tecnológicos adaptados a su discapacidad, tales como ordenadores o juegos adaptados.

Además el municipio de Santa Cruz de Tenerife registra a 1 de enero de 2022, 41.924 personas mayores de 65 años de un total de 209.163 personas censadas, lo que supone un 20 % de la población. Previsiblemente este índice de personas de más de 65 años se irá incrementando, máxime si se mantiene el decrecimiento demográfico de Santa Cruz de Tenerife. En este tramo de la vida aumentan las probabilidades de afección de determinadas patologías y afecciones que conllevan el uso temporal o definitivo de aparatos ortopédicos y apoyo en su vida diaria, reseñados anteriormente. La correlación entre dependencia y envejecimiento son claras.

A las cifras de dependencia derivadas del envejecimiento hay que añadir otras casuísticas en población más joven, derivadas de enfermedades y otras discapacidades y limitaciones derivadas por los cambios en la tasa de supervivencia de enfermedades crónicas o alteraciones congénitas, o a consecuencia de la incidencia de la siniestralidad vial y laboral.

Por último, los datos económicos y en especial los que afectan a la economía familiar ni son buenos ni parece que estemos en un contexto de mejora. El aumento notable en el coste de suministros básicos (luz o gas), de los combustibles y de los alimentos, supone ahogar aún más a aquellas familias y personas en situación de pobreza o riesgo de exclusión social, impidiendo poder afrontar otros gastos extras, como los derivados de la dependencia, discapacidad, ya de por sí y en general, costosos.

Afrontar los gastos de la atención sociosanitaria son un auténtico calvario para muchas familias en el municipio y las propias personas afectadas, bien porque su adquisición impacta duramente en la economía familiar/personal o bien porque directamente es imposible su adquisición. No disponer de los aparatos adecuados según el grado de dependencia o discapacidad repercute no solo en la salud física, emocional o cognitiva de la persona dependiente o con discapacidad, también en sus familias y el personal externo de atención y apoyo. Es importante reseñar que mayoritariamente el cuidado de las personas mayores, dependientes y/o con discapacidad recae en la mujeres, tanto en el ámbito del hogar como entre las profesionales del Servicio de atención a Domicilio; constatándose mayor riesgo de incidencia múscolo-esquelética y sicosociales (ansiedad, depresión…). Por tanto, las cuidadoras familiares y las profesionales del SAD afrontan el cuidado de los otros, con grave riesgo para su salud presente y futura.

Con esta situación, y desde el compromiso municipal de atender a las personas con discapacidad o en situación de dependencia y apoyar a su entorno social más próximo, dotándoles de los aparatos ortopédicos (sillas de ruedas, muletas, grúas para levantar personas con movilidad reducida, colchones especiales, sillas de baño, etc…)  y otros dispositivos tecnológicos de apoyo a su autonomía e independencia (ordenadores adaptados…), la mejor forma de afrontar la alta incidencia de peticiones, agilizar su trámite, sin colapsar los servicios municipales, y reducir el impacto económico en el presupuesto municipal es mediante la creación de un Banco Solidario de aparatos con una cesión en calidad de préstamo.

El IMAS actualmente solventa parcialmente con la concesión, previo estudio técnico del/ de la Trabajado/a Social, de una Prestación Económica de Ayuda Social (PEAS) a aquellos usuarios/as que así lo soliciten y en función de su situación socioeconómica.

El Banco Solidario permite llegar a más personas usuarias de una forma más ágil previa acreditación con un informe médico y siempre, que no requieran de una valoración más específica como el Servicio de Atención a Domicilio. Su uso puede ser temporal o indefinido y siempre en préstamo a devolver. La dotación de aparatos y dispositivos puede tener su origen no solo en la compra directa desde los servicios municipales, sino también por donaciones de particulares, empresas u otros organismos y por la colaboración con Asociaciones especializadas. A propósito de las ONGs y Asociaciones, y dentro del marco de colaboración Santa Cruz Solidaria, vemos la posibilidad de estudiar conjuntamente con ellas esta propuesta de Banco Solidario.

Por último señalar que el Banco Solidario y su modelo de uso en régimen de préstamo permite reducir a corto plazo la inversión económica municipal en la adquisición de determinados bienes, aumentando el catálogo de bienes, el número de personas usuarias (además con un trámite más sencillo) y disponer de otras partidas que mejore la atención a la dependencia y discapacidad. Y, por supuesto, cumplir con los objetivos de la economía circular, compartir, reutilizar y reducir la huella ecológica.

ACUERDO

  1. Que el Ayuntamiento, a través de su organismo autónomo IMAS, estudie en el marco de colaboración con las ONGs y Asociaciones el impulso del Banco Solidario de aparatos ortopédicos y de dispositivos electrónicos de apoyo a la dependencia y discapacidades.
  2. Que regule el servicio público de gestión y préstamo del Banco Solidario a los vecinos y vecinas, garantizando la universalidad del acceso, así como los canales de información necesarios para que llegue a toda la vecindad; los mecanismos de cesión gratuita, préstamos con garantía o alquiler en función del tipo de aparato o dispositivo; la posibilidad de que el servicio se nutra de recursos propios y de donaciones u otra forma de adquisición; la posibilidad de establecimiento de fianzas para el préstamos y en este caso, las bonificaciones y exenciones posibles que apliquen en función de la renta familiar u otras condiciones; la realización de cursos o talleres formativos con el fin de dotar a las personas usuarias del conocimiento necesario para el correcto uso de los aparatos o dispositivos.
  3. Que se incluya en el presupuesto municipal una partida específica para la adquisición, así como para la realización de talleres formativos.