Dolores Espinosa, concejala de Grupo Municipal Unidas Podemos, al amparo de lo dispuesto por el vigente Reglamento Orgánico del Pleno, somete a la consideración del Pleno de la Corporación la siguiente moción para su debate y aprobación si prodece.

EXPOSICION DE MOTIVOS

En la pasada Comisión de Control del presente mes de junio, el grupo municipal de CC-PNC solicitó la comparecencia de la concejala de Atención Social, Dª Marta Arocha, a quien, entre otros asuntos, se solicitó información sobre los planes para reabrir los centros de día que atienden a personas con discapacidad en Santa Cruz de Tenerife, tras el cierre por el estado de alarma motivado por la pandemia de la Covid-19.

Como dejó patente en esa sesión Unidas Podemos, «no se puede reabrir lo que no existe», puesto que, sorprendentemente, en nuestro municipio no se halla en funcionamiento ni un solo centro de día de esta naturaleza y dirigido a esas personas.

La realidad que quedó manifiesta en esa comisión, y tras profundizar en esta cuestión con coletivos de la discapacidad,  nos ha impulsado a presentar esta moción con la finalidad de cubrir este inexplicable vacío en el municipio más poblado de la isla.

La fundamentación de la necesidad de atender desde las Administraciones Públicas viene determinada en acuerdos oficiales en los que sería prolijo adentrarnos aquí: el Plan de Acción de la Estrategia Española sobre Discapacidad 2014-2020, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU (2006), el Informe Mundial sobre la Discapacidad de la Organización Mundial de la Salud (2011), la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020 aprobada en el Consejo Europeo 2010; y el propio Plan de Atención a las Personas Discapacitadas de este Ayuntamiento 2015-2018, por tanto, ya vencido.

No podemos olvidar que los Derechos Humanos se basan en cuatro valores: la dignidad, la autonomía, la igualdad y la solidaridad.

Como diagnosticaba el ya caducado plan municipal, existe desigualdad de oportunidades en la educación, empleo, acceso a servicios públicos, ocio, actividades culturales y en la participación social y política. Por eso, las políticas públicas requieren incorporar la discapacidad en todos los ámbitos y así conseguir la normalización y la autonomía de las personas con discapacidad.

Casi el 13% de la ciudadanía de Santa Cruz de Tenerife tiene una discapacidad.  Los hombres con discapacidad son más que las mujeres en edades jóvenes  y las mujeres con discapacidad son más que los hombres con discapacidad en edades adultas.

En el momento de elaborarse ese plan 2015-2018, había en nuestro municipio 4.540 personas beneficiarias de la pensión no contributiva de invalidez, 297 alumnos y alumnas con discapacidad, 1.089 personas calificadas por un médico con trastorno mental grave, 3.286 personas con discapacidad inscritas  en paro y buscando empleo y 1.409 alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales.

En la Estrategia Canaria de Inclusión Social 2019-2021 se afirma que «hoy nos encontramos que la actual coyuntura de crisis económica duradera [referida en este documento no a la del Covid-19, que solo ha venido a agravar sobremanera la situación] ha generado nuevos desafíos en materia de prevención y protección de la pobreza y la exclusión social. Conocer y generar actuaciones preventivas y protectoras para ellos es una necesidad social. […] Así, en las personas con discapacidad y en situación de dependencia, los niños y adolescentes en familias numerosas u hogares monoparentales, jóvenes con trayectorias fracasadas de emancipación, personas sin hogar, mujeres víctimas de violencia de género, personas reclusas y ex reclusas, aquellas con adicciones, y algunos otros que sufren discriminación por razón de identidad, etnia o procedencia, concurren algunos de estos factores y precisan, por tanto, de una serie de acciones integradas y específicamente dirigidas a responder a sus problemáticas.

Entre las acciones que recomienda esa Estrategia del Gobierno canario para las personas discapacitadas están acelerar la ampliación de la oferta pública de plazas de estancias diurnas con la finalidad de dar acceso a estos servicios a la población dependiente con rentas limitadas o insuficientes; potenciar la colaboración y consolidación de los Centros de Servicios Sociales y los Centros de Salud como soportes básicos de las funciones de prevención de situaciones de discapacidad o dependencia y de promoción de la autonomía personal;  y dar orientación y respiro familiar a las personas cuidadoras, entre otros objetivos.

Este último punto resulta también de capital importancia: permitir con centros de día no solo atender a las pesonas discapacitadas sino dar un tiempo de descanso imprescindible a los familiares que las cuidan de forma cotidiana, y que a menudo se topan con la insuficiencia de los recursos públicos y la carestía de los privados para pode compatibilizar su vida laboral con los altos requerimientos del cuidado de esas personas. Cuidar al cuidador es también una manera de cuidar a la persona que es cuidada.

En ocasiones, en los planes no se han tenido en cuenta si en el hogar conviven varias personas discapacitadas;  no se premite dar ayudas a menores de 7 años que aún no tengan certificado de discapacidad, no se contemplan los informes de valoración, detención así como las pruebas diagnóstica complementarias a menores de 7 año ni  las actividades físico-deportivas y/o terapias alternativas, ni se les ofrece asistencia personal; y tampoco comprenden las ayudas para la comunicación y potenciación de las relaciones con el entorno.

Unidas Podemos es consciente del reparto competencial que en materia de atención a discapacidad establece la legislación vigente, pero no es menos cierto que los centros para estas personas prestan un servicio en el que se tocan las fronteras de las competencias entre las distintas Administraciones Públicas. En ocasiones hay descoordinación entre ellas,  o lo que es peor, falta de voluntad o capacidad políticas para resolver un problema social porque los distintos niveles administrativos no se ponen de acuerdo, o uno de estos niveles, como pueden ser un ayuntamiento, deja incompleto el itinerario para la inclusión social de una persona discapacitada porque considera que no tiene que costear una parte que se interpreta en la legislación como correspondiente a otra administración, y queda eternizada la salida al problema.  Esto solo puede producir sufrimiento en unos ciudadanos que ya tienen bastante sufrimiento personal como para soportar también el que le inflija de esta forma la burocracia y la tardanza en decisiones políticas. Con la discapacidad y la dependencia, por ética deben evitarse estas situaciones, pues para eso está la política, para resolver los problemas de la ciudadanía, no para agravarlos.

Por tanto, el centro de día que planteamos en esta moción sería para desarrollar en él aquellas competencias que le son propias al ayuntamiento, en virtud del artículo 25 y 26 de la Ley de Servicios Sociales de Canarias, es decir, los servicios sociales de atención primaria y comunitaria, sin renunciar a explorar todas las posibilidades legales para que las personas puedan recibir en nuestro municipio un itinerario de ayudas  que no quede interrumpido por una deficiente dotación de recursos más especializados competencia de otras Administraciones Públicas.

Por todo ello, proponemos el siguiente:

ACUERDO:

Realizar un diagnóstico del grado de cumplimiento y evaluación de resultados del Plan Municipal de Atención a Personas Discapacitadas 2015-2018.

Iniciar a lo largo de 2020 los trámites para la elaboración de un nuevo plan en esta materia. Contando con la participación de la Comisión de Discapacidad, el personal técnico especializado del Ayuntamiento y los grupos políticos de la oposición, con el fin de obtener unas nuevas bases consensuadas por todas las partes y que ofrezcan, a las personas con discapacidad, una herramienta eficiente para obtener las ayudas determinadas.

Iniciar, de forma paralela, los pasos administrativos necesarios para, antes del fin del presente mandato (antes del 30 noviembre del 2022), la puesta en marcha en Santa Cruz de Tenerife de un Centro de Día Municipal para la Atención a Pesonas Discapacitadas.

Estudiar la posibilidad de suscripción de convenios con otras administraciones publicas supramunicipales para hacer posible la complementación en dicho centro municipal de otros servicios competencialmente propios de otros niveles administrativos, de modo que se centralicen en un solo lugar para una mejor, más completa y más eficaz atención a los usuarios y sus familias.

Tener en cuenta la perspectiva de género en los cuatro puntos anteriores.