Yaiza Gorrín Rodríguez, concejala de Grupo Municipal Unidas Podemos, al amparo de lo dispuesto por el vigente Reglamento Orgánico del Pleno, somete a la consideración del Pleno de la Corporación la siguiente MOCIÓN.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En 2012 el Ayuntamiento de Santa Cruz aprobó como Moción Institucional la creación de un Protocolo Antidesahucios para nuestro municipio, a iniciativa de la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones.

La elaboración de este documento fue una medida pionera que supuso mitigar la situación de emergencia habitacional que venían sufriendo muchas personas a raíz de la crisis económica de 2008.

En noviembre de 2015, el Cabildo Insular de Tenerife creó el Consejo Insular de la Vivienda como entidad destinada a mediar en la paralización de desahucios y facilitar el acceso a una vivienda a las personas que se encontraban con dificultades para lograrlo.

Este órgano colegiado planteaba, entre otras medidas, la creación de Oficinas de Intermediación dotadas con trabajadores sociales y abogados encargados de asesorar a las familias, hacer una labor de acompañamiento y además, dar soporte a los ayuntamientos desde el punto de vista técnico.

Según datos del Consejo General del Poder Judicial, durante el primer

trimestre del año 2020 tuvieron lugar 590 desahucios en Canarias, entre ejecuciones hipotecarias e impagos de alquiler. Si bien es cierto que la cifra se ha reducido desde que tuvo lugar la declaración del estado de alarma en nuestro país (durante el confinamiento se registraron 49 desalojos por orden judicial en nuestra Comunidad Autónoma), debido a las medidas adoptadas por el Gobierno Central suspendiendo órdenes de desahucio y lanzamientos para aquellos  inquilinos en situación de vulnerabilidad que se queden sin alternativa habitacional, en principio vigentes hasta Enero de 2021, los datos aportados por el informe AROPE que cifra en un 35% la población canaria en riesgo de pobreza y exclusión social (datos de 2019) y los que ha facilitado el Comité Europeo de las Regiones donde expone el riesgo que tenemos en Canarias de caer en una crisis social sin  precedentes, con una destrucción de más del 40% de empleo debido a la paralización económica generada por el Covid-19, hacen prever que el problema de la emergencia habitacional se agravará en nuestras islas.

Las administraciones públicas, responsables de garantizar el derecho fundamental de acceso a la vivienda recogido en la Constitución, deben empezar a buscar soluciones a esta problemática histórica en Canarias antes de que la situación empeore, para contar cuanto antes con recursos habitacionales destinados a las familias que los precisen.

Por todo lo expuesto, la concejala de Unidas Podemos eleva a la consideración del Pleno de la Corporación Municipal la adopción de los siguientes

ACUERDOS

Mediante la FECAM, instar a todos los municipios de la Isla de Tenerife a solicitar a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) la cesión de vivienda para destinarla a alquiler

Instar al Cabildo Insular de Tenerife a convocar de inmediato el Consejo Insular de la Vivienda al objeto de reactivar su actividad, estableciendo un régimen periódico de sesiones de trabajo en la búsqueda de soluciones relacionadas con la emergencia

Instar al Cabildo de Insular de Tenerife a liderar la creación de una Mesa de Emergencia Habitacional, en la que estén presentes, como administraciones con competencias en la materia, el Gobierno de Canarias, el propio Cabildo, y los Ayuntamientos de la Isla y además, representación de entidades financieras y grandes tenedoras de vivienda, así como plataformas y asociaciones de personas afectadas por desahucios, con el fin de facilitar un foro de articulación de medidas efectivas que contribuyan a garantizar el derecho a una vivienda digna, así como una alternativa habitacional a las familias afectadas por desahucios de nuestra Isla.

Instar al Cabildo Insular de Tenerife a impulsar y coordinar el Consorcio Insular de la Vivienda en Tenerife, de acuerdo con lo previsto en la Ley Canaria de Vivienda, en cuya organización formen parte el mayor número posible de ayuntamientos de la Isla, y a través del cual el Cabildo ejecutará el Plan de Vivienda en la Isla, previo convenio con el Instituto Canario de la Vivienda.