La concejala  reprocha al gobierno municipal su rechazo en el último Pleno a su moción de Unidas Podemos en la que se pedía el compromiso de retirar de la vía pública este conjunto escultórico, para cumplir con la Ley estatal de Memoria Histórica

Para la edil, “CC y PP solo quieren ahora trasladar la responsabilidad de la decisión final al Gobierno canario, ya que en 14 años de vigencia de esta ley no la han cumplido”

Unidas Podemos lamenta que los partidos de derechas aún abracen la posibilidad de mantener la escultura y darle otro significado, pese a que un informe técnico encargado el pasado mandato por el Ayuntamiento deja claro que no puede acogerse a la excepciones de la Ley, al no ser BIC ni ser resignificable

Yaiza Gorrín, concejala de Unidas Podemos (Izquierda Unida-Podemos-Equo), reprocha a CC y PP que votaran en contra de su moción en la que planteaba el compromiso firme de retirar el monumento a Franco, en aplicación de la Ley de Memoria Histórica, una vez que el Gobierno canario convierta en catálogo el listado de símbología franquista que consta en un informe elaborado por un equipo de especialistas para el Ayuntamiento chicharrero.

Para Gorrín, se trata de «un nuevo intento de dilatar» esta decisión por parte de CC y PP, 14 años después de haber entrado en vigor dicha ley, y a pesar de que dicho informe, dirigido por la catedrática de Historia del Arte de la Universidad de La Laguna (ULL) María Isabel Navarro, “deja claro que este conjunto escultórico no puede continuar en la vía pública, por ser contrario a la legalidad, y tampoco se le puede dar otro significado a su simbología que el que tiene: la exaltación de una sanguinaria dictadura y de su dictador».

En el último pleno, celebrado a finales de marzo, CC-PNC, PP y Cs votaron en contra de la moción alegando que no podían comprometerse a la retirada ya que aún debe aprobarse dicho catálogo, previsto en la legislación canaria de esta materia, y recabar un dictamen jurídico municipal sobre cómo cumplir la Ley estatal de Memoria Histórica, pues, aparte de este informe de María Isabel Navarro, otras entidades han remitido al consistorio alegaciones a favor de su mantenimiento por valores artísticos.

Al respecto, Gorrín señala que, como ha quedado acreditado en el informe dirigido por la citada catedrática, «el Monumento a Franco no está declarado Bien de Interés Cultural, por lo que no puede acogerse a la excepción de la ley para no ser retirado».

Por ello, la edil lamenta que «en una ciudad que ha destruido una parte importante de su patrimonio histórico arquitectónico, de repente haya tantas personas a las que preocupa la estatuta de un dictador que ya no tiene ningún monumento en ninguna otra ciudad de España, camuflando con valores artísticos lo que sencilla y llanamente es apología del franquismo».  Aún así, Gorrín aclara que no se trata de destruirlo, sino de
retirarlo de la vía pública.

Se da la circunstancia de que, días antes del Pleno,  en Junta de Portavoces los mismos partidos que votaron en contra en  la sesión plenaria habían manifestado que estaban a favor de la propuesta, al punto de que plantearon hacerla institucional, aunque el grupo proponente solicitó que pudiera haber una intervención en el pleno de un representante de una organización ciudadana que había promovido esta iniciativa, lo cual hubiera sido imposible como acuerdo institucional, en el que no se permite debate.

Para Gorrín «CC y PP intentan demorar su retirada con el argumento de que debe aprobarse el catálogo de vestigios franquistas de Canarias, esperando a que el Gobierno autonómico sea el que asuma la responsabilidad de una competencia que es municipal, y que lleva más de 14 años sin cumplir, al no retirar hasta 81 elementos con simbología franquista en las calles».

Por ello, Unidas Podemos se pregunta «si habrá que esperar a que colectivos en defensa de la memoria histórica, tengan que poner una denuncia en los Juzgados para que se cumpla con la Ley, y si la razón última de no hacerlo de oficio es temor a perder votos en las próximas elecciones, que irían a parar a partidos de ultraderecha».

«Nos queda la certeza», apostilla la edil, » de que el Gobierno canario actuará en consecuencia, pues ya ha dicho que este monumento debe ser retirado, con lo que la legalidad acabará tarde o temprano cumpliéndose en Santa Cruz».

A juicio de la concejala, «la derecha incurre en un error al ser la que siempre se opone a retirar este  monumento de simbología y significado condenable por toda persona que se considere demócrata, ya que la democracia no es de izquierdas ni de derechas, sino un sistema político que representa justo lo contrario que el que, por la fuerza, contra un gobierno legítimo, y con una sangrienta represión, instauró Franco, y al que aún honramos así en nuestras calles».