Una vez más, y es ya la enésima tras casi medio siglo desde la muerte del dictador, el gobierno de CC y PP se ha negado a acatar la ley y retirar el monumento a Franco: ahora han decidido recurrir en vía judicial el Catálogo de vestigios franquistas aprobado por el Gobierno canario.

La concejala  de Unidas Podemos Dolores Espinosa defendió en una moción -rechazada por el gobierno de Bermúdez- que de una vez por todas Santa Cruz retire de la vía pública un conjunto escultórico erigido en homenaje al dictador -así como otras decenas de símbolos de ese régimen- y abrir un proceso participativo para sustituirlo por otro elemento artístico que no genere esta división social.

En el Pleno del 1 de julio, el concejal del PP Guillermo Díaz Guerra soltó perlas como que esta escultura es «un enorme patrimonio histórico para Santa Cruz» y que merece ser protegida como bien de interés cultural (BIC). Espinosa reiteró que no hace falta ninguna ley para retirarla -que no destruirla- de tan céntrica vía pública, sino «voluntad política» y «ética democrática» para acabar con el «vergonzante parque temático» franquista en nuestras calles.