El gobierno municipal ha confirmado en la Comisión de Control que las concesionarias de aparcamientos públicos cobran entre un 25% y un 80% más de lo permitido en el contrato y pagan al Consistorio un canon inferior al que les corresponde

Dolores Espinosa tacha de «escandalosos» los incumplimientos de estas empresas durante muchos años y denuncia «la vista gorda de los gobiernos  de CC, hasta que las denuncias de la oposición y la ciudadanía les pusieron contra las cuerdas

La edil ve positivo que el concejal de Servicios (del PP) al fin tome cartas en el asunto pero critica que ni él ni su socio de gobierno (CC) explique por qué se ha tardado tanto en exigir responsabilidades si desde 2017 un informe avisó de los incumplimientos

Unidas Podemos (Izquierda Unida-Podemos-Equo) ha reclamado al gobierno municipal que actúe con firmeza y contundencia, incluso retirando las concesiones, contra los precios abusivos y el impago de cánones por las empresas que explotan los aparcamientos públicos de Santa Cruz de Tenerife, cuyas «graves incumplimientos» de las condiciones contractuales se conocen desde 2017 «y se ha tardado cuatro años y medio en tomar medidas».

Así lo ha expresado este jueves en la Comisión de Control la concejala Dolores Espinosa, quien pidió la comparecencia del edil del Servicios Públicos, Guillermo Díaz Guerra (PP), que confirmó que el Ayuntamiento ha abierto expediente a las concesionarias, ahora en fase de alegaciones, porque, según  sus palabras, «prácticamente ninguna estaba pagando al Ayuntamiento el canon que debía abonar y la totalidad estaba cobrando una tarifa muy por encima de lo establecido, entre el 25% y 80%».

Espinosa ve positivo que por fin el Ayuntamiento se haya decidido a revisar estas «graves irregularidades» pero critica que en la Comisión de Control el equipo gobernante no le respondiera a la pregunta de por qué han tardado tanto tiempo en exigir responsabilidades. Y es que, según la edil, «los sucesivos gobiernos encabezados por CC, desde los tiempos de Zerolo como alcalde, hicieran durante décadas la vista gorda y solo por la presión de la oposición de izquierdas y las quejas ciudadanas se hayan decidido a actuar, poniéndoles contra las cuerdas».

La concejala de UP detalló algunas de las muchas irregularidades de los ‘parkings’ detectadas desde 2017, que van desde cánones que no se pagan en años y que se liquidan de golpe sin abonar intereses de demora, construcción de más o menos plazas de las recogidas en el proyecto sin justificación, usos prohibidos explícitamente por las condiciones del contrato o concesiones a terceros sin permisos municipales, una infracción que supondría la pérdida de la explotación.

Tales irregularidades ya vienen siendo denunciadas en comisiones de control y plenos desde el pasado  y el presente mandato por Ramón Trujillo, portavoz de UP, quien también en febrero de este año pidió explicaciones por este asunto al gobierno municipal, pues considera que las infracciones recogidas en dicho  informe de hace 4 años años dan al Ayuntamiento “una posición de fuerza” para mejorar las tarifas y otras condiciones con las empresas adjudicatarias, después de que durante mucho tiempo «las irregularidades se hayan tolerado de una manera absolutamente escandalosa».

Los ‘parkings’ inspeccionados son los de la Plaza de España, Tomé Cano, Puente Serrador, Puerto Escondido (El Pilar), prolongación de Ramón y Cajal, plaza Weyler, Valentín Sanz y junto al Estadio Heliodoro. El ubicado junto al Corte Inglés ya fue objeto de un expediente distinto mediante el que el anterior gobierno municipal tramitó la rescisión del contrato con el empresario Antonio Plasencia por cesión ilegal.