Ramón Trujillo presenta una moción al pleno en la que pide que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife inste al Parlamento canario a adoptar el mismo cambio legal que ya está vigente en Euskadi
Como el actual marco legal permite desproteger las viviendas protegidas en un plazo de entre 10 y 30 años, el parque de vivienda pública siempre se va autodestruyendo
El concejal aporta un dato elocuente: desde mediados del siglo XX se han construido en España cerca de 7 millones de viviendas protegidas pero solo mantienen esa protección 276.000
Ramón Trujillo, portavoz de Unidas Podemos (Podemos-Izquierda Unida-Equo), defenderá en el próximo pleno municipal, que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife inste al Parlamento autonómico a cambiar la legislación para que las viviendas de protección oficial, sea cual sea su tipología o promoción, mantengan esa consideración de forma permanente, y no entren en el mercado libre, como ocurre ahora, entre un plazo mínimo de 10 años y un plazo máximo de 30 años. Si la protección no es permanente los precios de venta protegidos y los alquileres limitados acaban desapareciendo.
El edil pone de relieve que el cambio legislativo que propone en su moción es «perfectamente viable» porque ya en el País Vasco se ha hecho así para otorgar carácter permanente a los niveles de protección asignados a la vivienda social.
Trujillo plantea esta medida para actuar en una de las raíces del problema de la carestía de los pisos, ya que una de las grandes líneas del acuerdo para el cambio político en Santa Cruz entre Unidas Podemos y el PSOE es la de impulsar de forma significativa la construcción de vivienda protegida, «y para ello es fundamental un marco legal que garantice que la nueva vivienda pública no acabe en el mercado libre».
Los datos que aporta el concejal en su moción son elocuentes: entre 1952 y 2016 se construyeron en España más de 6,8 millones de viviendas en alguna modalidad protegida, lo que suponía el 33% del total del parque de primera vivienda. En en la actualidad, el parque de vivienda pública de alquiler social sólo cuenta con 276.000 unidades, el 1,5% del total de las principales. “A ello se une que la vivienda protegida destinada a la venta acaba sometida a la lógica de la vivienda libre, con sus precios excesivos para la capacidad adquisitiva de buena parte de la población”, añade Trujillo.
En su moción menciona un episodio ocurrido en Santa Cruz que, a su juicio, muestra «la fragilidad de los mecanismos de protección con fecha de caducidad»: en febrero de 2019 el Gobierno canario compró por cerca de 25 millones 358 viviendas en Añaza de promoción privada que se habían construido con protección oficial y que iban a ser adquiridas por un fondo buitre, «con la consiguiente posibilidad de una subida incontrolada de precios que generara una oleada posterior de deshaucios». En ese caso se llegó a tiempo de evitarlo porque el Gobierno canario tenía prioridad para la compra, pero solo hasta 2021.
«Si se aporta suelo público y dinero público para construir viviendas destinadas al alquiler», razona Trujillo, «parecería lógico esperar unos alquileres en condiciones socialmente ventajosas con carácter indefinido; porque, si hay fecha de caducidad, nunca se acabará de solucionar la problemática de la vivienda”. Y es que, como observa el edil, “ mientras que, por una parte, se destinan recursos públicos para dotarse de más viviendas asequibles, por otra, los mecanismos protectores prescriben y así se va perdiendo el efecto acumulativo».
El líder de Unidas Podemos echa mano de la mitología clásica para llamar la atención sobre las fatales consecuencias de este fenómeno: «Es una especie de estrategia de Penélope, que deshace por la noche lo que teje durante el día». Lograr salir de este bucle con los recursos públicos y atajar el problema social de la vivienda desde su raíz es, por tanto, el propósito de este iniciativa que se debatirá en el pleno municipal el próximo 26 de junio.
