Ramón Trujillo Morales, concejal de Unidas Podemos, en uso de las atribuciones que le confiere el Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Municipal, presenta al Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife esta Moción para su debate y aprobación, si procede, de acuerdo con la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En 2016, Se adjudicó el mantenimiento integral de las instalaciones y elementos técnicos de la Piscina Municipal Acidalio Lorenzo a la entidad mercantil Soluciones Técnicas Canarias S. L. (SOTEC) y, asimismo, se estableció como inició del plazo de ejecución el día 16 de febrero de ese año. Con posterioridad, se produjo la suspensión temporal del contrato, durante el plazo de ejecución de unas obras de mejora de la piscina, y, además, se aprobaron dos prórrogas del contrato, por un año cada una, que finalizará el próximo día 3 de octubre.

La gestión de SOTEC durante estos años ha sido extremadamente deficiente. Es el tipo de gestión que, si hubiera sido protagonizada por gestores públicos, habría dado a pie a la exigencia reiterada de privatización del servicio. Sin embargo, como es habitual en nuestra cultura política y mediática, la mala gestión privatizada no genera peticiones de remunicipalización, o de gestión pública directa. Sin embargo, un breve repaso a lo sucedido, en estos años, creemos que amerita sobradamente la gestión directa de la Piscina Municipal Acidalio Lorenzo.

En primer lugar, hay que destacar el desprecio de SOTEC por el cumplimiento de los derechos laborales. Ha sido práctica habitual de la empresa retrasarse en el pago de los salarios, a veces, durante varios meses. Y ha sido imposible corregir esta situación, a pesar de las reiteradas quejas de la representación sindical de las trabajadoras y los trabajadores y de las protestas de los grupos de oposición en el Ayuntamiento. Esta situación de retraso constante, año tras año, jamás se produce cuando la gestión del servicio es directa. La administración de este Ayuntamiento no maltrata a su personal de la manera en que lo han hecho algunas empresas que prestan sus servicios al municipio. Por ello, es particularmente inaceptable el trato recibido por un personal laboral cuyas nóminas se pagan con dinero que procede de fondos públicos. Es inaceptable la impotencia sufrida por las trabajadoras y los trabajadores de SOTEC ante la impunidad de la empresa adjudicataria y la inacción del Ayuntamiento cuando se han vulnerado, año tras año, sus derechos laborales. Y es inaceptable que, el pasado mes de octubre, fuera despedida una trabajadora de la piscina Acidalio Lorenzo, después de sus reiteradas denuncias por los retrasos sufridos en el cobro de las nóminas. Finalmente, en marzo, el Juzgado de lo Social declaró nulo el despido de esta trabajadora y ha tenido que ser readmitida.

Pero la degradada situación laboral provocada por la privatización del servicio continúa. Y la incapacidad del Ayuntamiento para imponer el respeto a los derechos de estas trabajadoras es una vergüenza causada, digámoslo claro, por una privatización que limita la capacidad de acción del grupo de gobierno. Ahora las trabajadoras y trabajadores de SOTEC anuncian la convocatoria de una huelga indefinida en la Piscina Municipal Acidalio Lorenzo, a partir del próximo día 1 de junio. Sin embargo, lo peor es que podría acabarse dando una situación en la que el personal terminara cobrando, sólo una parte de lo que se le adeuda, del Fogasa. Así veríamos a las administraciones pagando por partida doble y al personal sin cobrar todo lo que se le adeuda.

La mala gestión privatizada viene de atrás. Y las malas prácticas laborales de SOTEC se habían dado en otra adjudicación similar, sin que ello sirviera para que los pliegos de 2015, en los que se establecían las condiciones para la empresa adjudicataria del mantenimiento de la Piscina Municipal Acidalio Lorenzo, incorporaran protecciones efectivas contra los abusos laborales que se habían estado produciendo en el mantenimiento de piscinas. Concretamente, en mayo de 2014, SOTEC había acordado con la plantilla de la Piscina Cubierta del Pabellón Municipal de Deportes de Santa Cruz “la regularización del abono de los salarios” y se comprometía a ingresar “mensual y puntualmente los sueldos de los trabajadores de la Piscina Cubierta entre los días 1 y 8 de cada mes”. Así desactivaron el anuncio de una convocatoria de huelga. No obstante, el problema prosiguió y, tres años después, el 20 de marzo de 2017, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social declaró que se había comprobado el “retraso reiterado en el abono de salarios que afecta a la totalidad de la plantilla” y que se trataba de una infracción “tipificada como muy grave” en la normativa vigente.

En abril de 2017, pregunté en el Pleno por la problemática generada por el retraso sistemático en el pago de nóminas por parte de SOTEC. Al motivar la pregunta recordé la desconvocatoria de la huelga en 2014, la denuncia de una trabajadora ante la Inspección de Trabajo, en 2016, y la resolución de la Inspección del mes anterior. Y añadí que “la situación sigue hasta el día de hoy. De hecho, les acaban de pagar hace unos días el mes de febrero. No han cobrado ni marzo, ni abril, y no hay visos de solución”.

En el Diario de Sesiones, correspondiente al Pleno del día 28 de abril de 2017, aparece reflejada la respuesta de la entonces concejala de Deportes: “se ha abierto el correspondiente expediente informativo, que le ha notificado a la empresa el día 24” de abril de ese mismo mes. Indicó que se le había dado a la empresa un plazo de diez días para formular alegaciones y, “una vez termine el expediente, se tomarán las decisiones convenientes y se aplicarán, en caso necesario, las sanciones oportunas por parte del Consejo Rector, que es el órgano competente”. Lo cierto es que en el expediente de SOTEC no existe ningún registro de la apertura de un expediente informativo a esa empresa. Es decir, o el expediente fue tan extremadamente secreto que no dejó huella en ningún registro oficial o, simplemente, se mintió al entonces portavoz de Izquierda Unida Canaria para fingir que se hacía algo por parte del grupo de gobierno y seguir permitiendo la barra libre de abusos contra el personal de que ha gozado SOTEC durante muchos años.

En septiembre de 2018, dado que antes no obtuve ninguna respuesta concreta en el Consejo Rector de Deportes, volví a preguntar en el Pleno por el expediente sancionador supuestamente abierto a SOTEC, en abril del año previo. La respuesta de la entonces responsable de Deportes fue muy clara: “le informamos que una vez que la empresa y sus trabajadores regularizaron todas sus diferencias, apoyados también con la intermediación del SEMAC, todo quedó resuelto, por lo que no fue necesaria la aplicación de otro tipo de medidas”. La lógica de la respuesta implica que, por ejemplo, habría que anular las sanciones de tráfico, si se comprobara que la persona sancionada por una infracción, se atuvo a lo prescrito por el Código de Circulación a partir del momento en que cometió la infracción. Y, además, habría que olvidar que cuando leemos que “todo quedó resuelto” hay que entender que “nada quedó resuelto”.

Sin embargo, la mala gestión de SOTEC no se limita al ámbito laboral y, por tal motivo, en la actualidad se está tramitando un procedimiento para la resolución del contrato administrativo del servicio. Durante 2019 y los primeros meses de 2020, se han recibido numerosas quejas ciudadanas motivadas por la inadecuada temperatura del agua. Es más, a la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones llegó una queja, sobre la piscina Acidalio Lorenzo, en la que se afirmaba que “la semana pasada el humo que salía de la caldera, supongo que por una mala combustión, era insoportable, provocando sequedad de garganta, náuseas y dolor de cabeza. Hubo muchos usuarios quejándose e incluso algún empleado tuvo que ir a trabajar al día siguiente con mascarilla”. Se produjeron otras quejas similares entre el pasado día 15 de enero y el 12 de febrero.

En este mes de mayo, ante el deteriorado estado de mantenimiento de la caldera, así como su potencial peligrosidad, el grupo de gobierno adjudicó una auditoría externa de las instalaciones de climatización de la piscina, para poder saber qué está pasando y evaluar el grado de incumplimiento de las obligaciones contractuales.

Durante el estado de alarma, la responsable del contrato de mantenimiento ha emitido un informe, fechado el día 14 de mayo, en el que se afirma que “al personal de mantenimiento […] le han realizado un ERTE, quedando sus jornadas laborales a doce horas semanales”. Asimismo, “en la piscina no se está realizando el mantenimiento establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen el contrato”. Y, en concreto, “los tres vasos no cumplen con los parámetros indicadores de calidad del agua dentro de los parámetros establecidos por RD 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas […]. Se puede observar que el agua del vaso de 25m se está poniendo verde debido a la falta de cloro (no disponen de cloro). Y presenta acumulación de algas en las paredes y fondo del vaso”. Y, por último, “se me comunica que no se dispone de productos de limpieza”.

Por otra parte, la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de Salud, emitió un escrito, el pasado día 23 de marzo de 2020, dirigido a los titulares de piscinas de uso colectivo de Canarias, tras la declaración del establecimiento del estado de alarma decretado por el Gobierno de España, en el que afirma que la piscina Acidalio Lorenzo no realiza los trabajos de mantenimiento recomendados para “preservar el agua de las piscinas en el mejor estado posible, hasta el momento en que se pueda volver a la normalidad”.

En suma, la inminencia del fin del período de vigencia del contrato parece haber precipitado una etapa nihilista en la gestión de SOTEC que, seguramente, tendrá costes extra para las arcas municipales cuando haya que poner a punto la piscina. Costes extra que no se computan al evaluar el coste de la ruinosa gestión privatizada. Como tampoco se computa, a estos efectos, el gasto en una auditoría externa para evaluar la mala gestión de la climatización, o los recursos que el Ayuntamiento emplea en el ámbito jurídico para intentar que la empresa cumpla con sus obligaciones, o lo que supone la supervisión técnica del contrato en términos de gasto para las arcas públicas.

Así pues, pensamos que ha llegado el momento de establecer la gestión directa para el mantenimiento de la piscina Acidalio Lorenzo. Si se hace bien, todo apunta a que los costes pueden ser menores, la calidad del servicio mayor, el respeto a los derechos laborales será el que marca la ley y la plantilla actual puede y deber ser subrogada con las condiciones actuales, o mejoradas.

Por todo lo expuesto, proponemos el siguiente

ACUERDO

Instar al Gobierno municipal a evaluar la reducción de costes, la garantía de cumplimiento de la normativa laboral y la mejora del funcionamiento que conllevaría la gestión directa de la Piscina Municipal Acidalio Lorenzo. Asimismo, deberá garantizarse la subrogación del personal y el mantenimiento de las mismas, o mejores, condiciones laborales existentes en la actualidad.

ACUERDO FINAL La moción fue aprobada con una transaccional para estudiar los pros y contras de remunicipalizar este servicio, garantizando la subrrogación del personal y mantener o mejorar sus condiciones laborales