Dolores Espinosa, concejala de Grupo Municipal Unidas Podemos, al amparo de lo dispuesto por el vigente Reglamento Orgánico del Pleno, somete a la consideración del Pleno de la Corporación la siguiente MOCIÓN.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La defensa de los valores democráticos se nos presupone a todos los grupos y partidos políticos que formamos parte de esta Corporación municipal. La historia nos ha enseñado que la democracia es la mejor manera de organizarnos como sociedad, aunque necesite siempre ser mejorada en sus procedimientos para garantizar la convivencia, una mejor representatividad y participación de la ciudadanía, el bienestar de todas las personas y los derechos que nos asisten.

Por ello, casi medio siglo después del restablecimiento de la democracia en España, la continuidad en nuestro municipio de un monumento en la vía pública que ensalza al dictador Francisco Franco y a la dictadura que implantó durante casi cuatro décadas, constituye una anomalía que debemos resolver no solo por imperativo legal, sino por responsabilidad histórica y por compromiso con la democracia que nos permite precisamente formar parte de esta Corporación.

La presencia de este conjunto escultórico, cuyo significado ignominioso para personas demócratas está fuera de toda duda como constatan suficientes testimonios documentales y orales, supone homenajear en uno de nuestros más céntricos espacios públicos a una dictadura que aplicó una sangrienta represión a una parte de la sociedad cuyos sobrevivientes, así como sus descendientes, consideran, con razón, como una falta de respeto a su sufrimiento la continuidad de este elemento urbano en las Ramblas. A ello se agrava que somos una capital administrativa y turística que recibe al visitante que llega por mar con este ya insólito homenaje a una dictadura.

La defensa de la democracia no es una cuestión de izquierdas ni de derechas, a pesar de que siempre tengan que ser partidos de una de las orientaciones del espectro ideológico los que han insistido en la retirada del monumento. Huelga decir que cualquiera de quienes nos sentamos en el salón de plenos del Ayuntamiento estaríamos encarcelados o represaliados por defender nuestras ideas en el sistema dictatorial que elogia esa escultura.

Tampoco puede hacerse condicionar el futuro de este conjunto escultórico al resultado de una controversia sobre sus valores artísticos, ya que esa no es, en absoluto la cuestión fundamental, ni la ha sido nunca, aunque algunos la hayan intentado llevar a ese terreno. El quid de este asunto no radica en si es o no patrimonio histórico, sino en que no podemos, como sociedad democrática, rendir tributo en nuestra vía pública al monumento a un dictador. En todo caso, no tiene la categoría jurídica de Bien de Interés Cultural (BIC), lo que, conforme a la legislación vigente, allana del camino de su retirada sin necesidad de trámites especiales.

Aún así, su retirada no implicaría su destrucción, sino su desmontaje y almacenamiento allí donde no suponga honrarla en la vía pública como elemento del que nos debamos sentir orgullosos.

Consabido es ya que en 2007 el Congreso de los Diputados aprobó la Ley 52/2007 por la que se reconocen y amplía derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura.

De acuerdo con lo establecido esa ley, en el ámbito de sus respectivas competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas, nombres de calles, monumentos y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la rebelión militar, de la Guerra Civil y de la dictadura franquista.

Numerosas fuentes documentales -gráficas, bibliográficas y hemerográficas- demuestran las razones de la incorporación de cada elemento al Catálogo de vestigios franquistas elaborado por el Gobierno de Canarias, en cumplimiento de la Ley canaria de Memoria Histórica, listado que coincide con el resultado del dictamen encargado por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, y entregado en 2019, a especialistas en la materia.

En cualquier caso, resulta absolutamente preciso subrayar que no sería necesario aplicar ninguna ley para la retirada del monumento de tan céntrico lugar, sino la mera voluntad política de hacerlo, para su sustitución por un elemento urbano nuevo con una significación que no genere esta división social. No obstante, desde 2007 existe una Ley de Memoria Histórica estatal que obliga a su retirada y, posteriormente, una legislación canaria en la materia complementaria.

Este es un aspecto que merece ser enfatizado: aunque le Ley canaria de Memoria Histórica prevé un catálogo de símbolos franquistas, la retirada del monumento a Franco puede y debe realizarse sin necesidad de ningún imperativo legal. El único imperativo que bastaría para dejar de ser la única ciudad de España que rinde homenaje al dictador es el de la ética pública y política, el de la conciencia como demócratas y como personas.

Desde esa perspectiva ética y de compromiso con la democracia, seguir demorando la decisión de retirar este conjunto escultórico tiene una difícil, por no decir que imposible, justificación política.

Por todo ello se propone el siguiente acuerdo:

ACUERDOS

  1. Instar al Ayuntamiento a que, en el marco de sus competencias, una vez esté publicada la orden (que será de obligado cumplimiento) de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias por la que se aprueba el Catálogo de vestigios franquistas de Canarias, retire todos los elementos de este listado que estén en el municipio, incluyendo el monumento a Franco.
  2. A su vez, atendiendo al artículo 14 de la Ley 5/2018 de Memoria Histórica de Canarias, instar al Ayuntamiento a que en el marco de sus competencias, promueva los procedimientos oportunos y a la mayor brevedad para invalidar todas las distinciones, honores, títulos, medallas y demás reconocimientos recogidos en el estudio realizado por especialistas de la Universidad de La Laguna por encargo del Ayuntamiento y aprobados favorablemente por la Comisión Técnica de Memoria Histórica de Canarias.
  3. Sustituir el monumento a Franco por una obra artística con fuente que no genere división social desde el punto de vista de los valores democráticos y de la convivencia, abriendo, para ello, un proceso participativo.