Yaiza Gorrín Rodríguez, concejala de Grupo Municipal Unidas Podemos, al amparo de lo dispuesto por el vigente Reglamento Orgánico del Pleno, somete a la consideración del Pleno de la Corporación la siguiente MOCIÓN.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Congreso de los Diputados, en su Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, sesión del día 27 de octubre de 2020, aprobó el “Informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo”. En su recomendación nº 1.- Consolidación de la separación de fuentes y restablecimiento del equilibrio financiero, se recoge textualmente lo siguiente:

“No obstante, la Comisión también constata que las cotizaciones sociales continúan sufragando gastos de naturaleza no contributiva que, en sentido estricto, deberían ser asumidos por el Estado a través de aportaciones a los presupuestos de la Seguridad Social. [..] La Comisión considera fundamental que la ciudadanía tenga una imagen fidedigna de la situación de la Seguridad Social a partir del conocimiento preciso del decisivo papel que ha desempeñado en la construcción de las instituciones de nuestro Estado de bienestar. Para ello ha de elaborarse un estudio que refleje en qué medida las cotizaciones sociales asumieron durante años el peso de la financiación de otras políticas del Estado. [..]

Si las cotizaciones se hubieran limitado a financiar prestaciones de naturaleza estrictamente contributiva, se habrían evitado dos problemas:

En primer lugar, las tensiones generadas por la sobrecarga de las cotizaciones han alentado un falso conflicto intergeneracional que oculta que, durante años, los excedentes del sistema se utilizaron para financiar otras políticas sociales y el desarrollo del propio sistema del Estado del Bienestar.

En segundo lugar, el desequilibrio presupuestario ha derivado en la concesión de préstamos del Estado a la Seguridad Social, cuando las reservas financieras del sistema habrían sido suficientes para cubrir las prestaciones contributivas. Ello ha generado una imagen distorsionada de desequilibrio del sistema, generando alarmismo e incertidumbre a los pensionistas y al conjunto de la población.”

Quedan patentes para los diputados y diputadas, al menos, las siguientes conclusiones:

Que las cotizaciones de los trabajadores y trabajadoras se han venido utilizando para otros usos[1] diferentes al pago de las pensiones contributivas y que las pensiones no contributivas y otros gastos impropios han debido ser asumidas por el Estado mediante aportaciones[2] (no préstamos) al presupuesto de la S/S.

Que el sistema de reparto, base de nuestro Sistema Público de Pensiones, ha sido y es autosuficiente para cubrir las pensiones contributivas desmintiendo la existencia de un falso déficit de la S/S.

Por otra parte, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha reconocido en 22.300 millones de € anuales, en 2020, el importe de gastos impropios a cargo de la S/S. También el Tribunal de Cuentas en su informe nº 1381 del 28 de julio de 2020 cuantifica en 103.690 millones de € los recursos de la S/S utilizados impropiamente en el periodo 2010-2018. Es en este contexto en el que COESPE (Coordinadora Estatal) ha iniciado una campaña de recogida de firmas para promover una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social.

Siguiendo pues las recomendaciones de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, solicitamos de este pleno los siguientes:

ACUERDOS

Que el Ayuntamiento se adhiera a la solicitud de COESPE y, a su vez, solicite del gobierno de España, a través del Ministerio de Hacienda, la realización de una auditoría de las Cuentas de la Seguridad Social, para que “la ciudadanía tenga una imagen fidedigna de la situación de la Seguridad Social a partir del conocimiento preciso del decisivo papel que ha desempeñado en la construcción de las instituciones de nuestro Estado de bienestar.” Esta auditoría ha de cuantificar el importe total de los denominados gastos impropios a cargo de las cotizaciones sociales.

Que una vez establecida dicha cuantía, se habilite la compensación adecuada a la Caja única de la S/S.

 

[1] Entre los gastos impropios en la misma recomendación se incluyen: “Cabe comenzar por las reducciones en la cotización[..] cuya financiación no debe hacerse con cargo a recursos propios de la Seguridad Social. [..] Igualmente pueden considerarse cargas financieramente impropias del sistema contributivo las ayudas a sectores productivos concretos a través de la anticipación de la edad de jubilación en determinadas actividades, el tratamiento favorable de la cotización en algunos regímenes o sistemas especiales o en actividades desarrolladas por jóvenes en formación. [..] Mención especial merece la financiación de las políticas vinculadas a la protección de la familia y a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. [..] .. toda la acción protectora relacionada con el nacimiento y cuidado del menor y las situaciones asimiladas al alta por cuidado de familiares sigue siendo sufragada con cargo a cotizaciones sociales.”

[2] Respecto a si el estado debe “prestar” o “aportar” ingresos suficientes a la S/S para sus gastos, la vigente Ley General de la Seguridad Social en su artículo 109.1 es taxativo:

“Artículo 109. Recursos generales. 1. Los recursos para la financiación de la Seguridad Social estarán constituidos por:

  1. a) Las aportaciones progresivas del Estado, que se consignarán con carácter permanente en sus Presupuestos Generales, y las que se acuerden para atenciones especiales o resulten precisas por exigencia de la coyuntura.”