La concejala Yaiza Gorrín vota en el Consejo Rector del IMAS en contra de prorrogar a una empresa por 262.000 euros esta renta hasta 2022 y reclama que se busque un edificio público alternativo

El coste anual de alquilar el inmueble de la calle de San Pedro Alcántara equivale al total de las ayudas extraordinarias recientemente concedidas por el IMAS para este año a una quincena de ONGs del Tercer Sector  por la crisis del Covid-19

Las subvenciones de urgencia social por COVID concedidas por el Ayuntamiento para 2020 suman 134.928,79 euros; el alquiler para un año de la Unidad de Trabajo Social del centro alcanzará los 128.673

18 noviembre 2020. Yaiza Gorrín, concejala de Unidas Podemos (Izquierda Unida-Podemos-Equo), denuncia el «malgasto» de unos 13.000 euros mensuales que desde hace una década realiza el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en el alquiler de un inmueble situado en la calle de San Pedro Alcántara, próximo a la calle de Castillo, como una se de las sedes del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS).

La concejala ha votado este miércoles en el Consejo Rector de este organismo en contra de que el gobierno municipal formado por CC, PP y la tránsfuga Evelyn Alonso prorrogue el contrato con la empresa arrendadora hasta noviembre de 2022 con un nuevo desembolso de 262.838 euros y ha exigido la búsqueda de un inmueble público alternativo, para evitar un gasto “tan desproporcionado”, como pudieran ser la remodeladas instalaciones municipales en General Antequera.

Unidas Podemos calcula que la cifra destinada hasta ahora podría rondar 2 millones de euros, y, en cualquier caso, una cantidad que hubiera bastado para construir, adquirir o rehabilitar un inmueble de propiedad municipal para  igual fin, que es el de sede de la Unidad de Trabajo Social (UTS) del distrito Centro-Colinas.

«Es más, probablemente con el importe de este alquiler desde hace una década se hubiera podido disponer de unas instalaciones propias mucho mayores que esta o incluso hubiera sobrado dinero para destinarlo a las ayudas sociales», afirma la edil.

Llama la atención Yaiza Gorrín de que el coste anual en este alquiler prácticamente equivale al importe total de subvenciones extraordinarias el IMAS otorgó recientemente a una quincena ONGs del Tercer Sector con motivo de la crisis del Covid-19.

Si esta renta mensual ya resulta un «dispendio injustificable”, hay que recordar que hace 8 años en un pleno municipal se supo que el alquiler de este inmueble costaba 27.000 euros al mes, con un contrato blindado hasta 2014.  Aunque tan cara era la renta mensual inicial que en 2012 fue rebajada a cerca de 13.000 euros, según las crónicas de prensa de la época, pero ha durado hasta la actualidad, subraya la concejala.