Ramón Trujillo Morales, concejal de Unidas Podemos, en uso de las atribuciones que le confiere el Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Municipal, presenta al Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife esta Moción para su debate y aprobación, si procede, de acuerdo con la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde hace más de cien días Santa Cruz convive con una acampada reivindicativa, para exigir el cumplimiento efectivo del derecho constitucional a la vivienda y garantizar un techo digno a personas que carecen de recursos suficientes y que, en muchos casos, se hallan ante la amenaza de un desahucio más o menos inminente.

Entre las personas acampadas hay ejemplos muy preocupantes de precariedad social y de situaciones angustiosas de incertidumbre ante la posibilidad de desahucio cuando se vive con menores a cargo. Y, asimismo, hay una consciencia creciente de la necesidad de ejercer presión social, en el espacio público, para lograr una respuesta adecuada desde las instituciones a la crisis de vivienda actual.

En realidad, la situación de precariedad social en nuestro municipio es mucho más grave de lo que percibe buena parte de la ciudadanía. Los datos presentados este mes por el Gobierno de Canarias sobre la pobreza en el Archipiélago nos ayudan a comprender mejor la situación de Santa Cruz cuando los extrapolamos al municipio. De modo que, el 16,7% de pobreza severa detectada en el Archipiélago, representa algo más de 35.000 personas en Santa Cruz. Estamos hablando de las personas que viven en hogares que ingresan menos de 535 euros al mes. Y, si extrapolamos el 36,3% de personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social, entonces estaríamos hablando de más de 76.000 personas que residen en hogares que ingresan menos de 680 euros al mes. Lógicamente, estas cifras conllevan graves dificultades para acceder a la vivienda, en condiciones de mercado, y, en cualquier caso, hacen que el gasto de los hogares en vivienda sea excesivo.

Un informe del sindicato Comisiones Obreras, publicado el pasado mes de febrero, señalaba a Canarias como la segunda Comunidad Autónoma con mayor proporción de residentes en viviendas de alquiler que pagan precios excesivos (es decir, que dedican a la vivienda más del 30% de sus ingresos). El 60% de quienes han alquilado la vivienda en que residen pagan un alquiler excesivo en Canarias, frente al 41% de promedio estatal. La extrapolación proporcional a nuestro municipio del número de alquileres excesivos, detectado por la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, afectaría a unas 21.000 viviendas (a falta de datos precisos sobre el total de alquileres de viviendas en Santa Cruz).

Los datos de pobreza y coste excesivo de los alquileres muestran la magnitud del problema del acceso a la vivienda en nuestro municipio (y en Canarias). Hace unos años, un informe publicado por la Fundación Alternativas estimaba la necesidad de vivienda en alquiler social para nuestro país en el 15% del parque de vivienda principal para 2030. Ese objetivo supondría unas 11.500 viviendas de alquiler social para nuestro municipio que, descontando las aproximadamente 5.000 que gestionan las distintas administraciones, daría un déficit de unas 6.500 viviendas. Es decir, habría que incorporar unas 650 viviendas al año al parque público de alquiler social para alcanzar el objetivo planteado en diez años.

Sin embargo, las previsiones amparadas por el Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025 plantean construir 743 nuevas unidades. Una cuantía que, si bien es una mejora sustancial en comparación con años recientes, también hay que reconocer que es claramente insuficiente. En suma, cuando prestamos atención conjuntamente a nuestros elevados niveles de pobreza, elevado coste de los alquileres, necesidad concreta de vivienda pública de alquiler social y previsiones de construcción de vivienda pública, entendemos que hace falta un esfuerzo mucho mayor por parte de las administraciones públicas.

Por tal motivo, es deseable que el Ayuntamiento sume iniciativas propias de calado a aquellas otras que lideran los gobiernos de la Comunidad Autónoma y el Estado.

Una fórmula aplicada por diversos municipios de nuestro país para dotarse con celeridad de más viviendas destinadas al alquiler social ha sido recurrir a la compra de vivienda vacía o, simplemente, vivienda disponible en el mercado. El Ayuntamiento de Sevilla, a través de su empresa municipal de vivienda ha adquirido 291 pisos en los últimos años. Y, básicamente, lo que se ha hecho es ofrecer determinados precios por inmuebles que cumplan determinados requisitos y sean ofertados por cualquier propietario.

El Ayuntamiento de Valladolid también ha recurrido a la compra de viviendas para el alquiler social e incluso el Ayuntamiento de Madrid, aunque no haya compensado la pérdida de parque público que supusieron las ventas de vivienda a fondos buitre. Barcelona adquirió, en el periodo 2016-2021 un total de 958 viviendas, una cifra que, ajustada a la población, habría sido equivalente a la adquisición de unas 115 viviendas en Santa Cruz de Tenerife. Si bien es cierto que en el caso barcelonés la normativa autonómica de tanteo y retracto ofreció más juego que en nuestro caso.

La cuestión es que, dentro del marco normativo vigente, hay varias fórmulas para impulsar la compra de vivienda por parte de nuestro Ayuntamiento. Y, por lo tanto, Santa Cruz puede plantearse el objetivo de adquirir un total de cien viviendas en los ejercicios de 2022 y 2023, que tendrían un coste perfectamente asumibles para los recursos municipales.

A la hora de costear la compra de viviendas para destinarlas al alquiler social es importante reseñar que el Ayuntamiento no sólo cuenta con los recursos de los dos próximos presupuestos, sino que, además, por una parte, tiene capacidad de endeudamiento y, por otra, recibirá ingresos derivados de la venta de uno de los edificios aportados en el marco del caso Las Teresitas con los que también podría financiarse esta propuesta.

Por todo lo expuesto, proponemos al Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz el siguiente

ACUERDO

Adoptar las medidas necesarias para adquirir 50 viviendas destinadas al alquiler social, con carácter permanente, en 2022 y otras tantas en 2023.