La concejala Dolores Espinosa ha pedido la comparecencia del concejal de Urbanismo para conocer el estado del Plan de Ordenación de Telecomunicaciones de Santa Cruz de Tenerife y la situación de los procesos judiciales contra las instalaciones ilegales
La edil de Unidas Podemos defiende el principio de precaución con estas antenas para preservar la salud, y el cumplimiento de la normativa, ya que muchas se encuentran en precario y en torno a una veintena son clandestinas
La concejala de Unidas Podemos (Podemos-Izquierda Unida-Equo) Dolores Espinosa ha solicitado la comparecencia en la comisión de control de este jueves, del concejal de Urbanismo, Ramón Lazcano, para conocer la situación administrativa del Plan de Ordenación de Telecomunicaciones de Santa Cruz de Tenerife, cuyo trámite se prolonga ya más de un lustro y en el que el Ayuntamiento ha gastado cerca de 100.000 euros.
La edil se hace eco así de las quejas de la Plataforma de Afectados contra las Antenas de Telefonía Móvil (Planmocan) y por ello ha pedido al gobierno municipal que informe sobre el estado de tramitación de este plan, cuyo último trámite conocido fue la información pública de la evaluación ambiental estratégica por parte del Gobierno de Canarias, antes del verano pasado. Asimismo, Unidas Podemos quiere conocer el estado de ejecución de una sentencia judicial contra una antena en la calle de Bellotero y la situación de los demás procesos judiciales contra la antenas que están en precario.
Espinosa ha conocido de primera mano las peticiones de Planmocan, tras reunirse esta semana con su portavoz, Manuel Díaz. Esta plataforma se concentró ante el Ayuntamiento capitalino durante el pleno municipal celebrado a final de octubre.
La concejala recuerda que la elaboración de este plan municipal se adjudicó por 53.780 euros, más 3.764 de IGIC, y posteriormente se elaboró un estudio medioambiental que costó unos 40.000 euros, por lo que el desembolso del erario público a día de hoy de esta planificación supera los 97.500 euros. Por ello, espera que sirva para que se ponga orden al caos actual con estas instalaciones y se compatibilice garantizar la cobertura de los teléfonos móviles con el principio de precaución desde la perspectiva de la protección de la salud, recogido en la ley sanitaria.
Para la edil, el Ayuntamiento debe utilizar todas las posibilidades legales a su alcance para que las antenas se coloquen en lugares autorizados para ello, en las condiciones y a la distancia que permitan garantizar el inexcusable cumplimiento de ese principio de cautela.
