La concejala Yaiza Gorrín subraya que una sentencia judicial de 2017 obliga a cumplir el decreto por el que en 2009 se le aseguraba a estos vecinos que volverían a sus hogares, rehabilitados

Unidas Podemos celebra el compromiso adquirido por la edil de Vivienda de reunirse con los afectados y lamenta que la mala gestión de los gobiernos anteriores de CC haya supuesto emplear cientos de miles de euros en alquileres provisionales y no en la resolución definitiva del problema para estos vecinos

Unidas Podemos (Podemos, Izquierda Unida-Equo) ha logrado que la Concejalía de Viviendas y Políticas sociales de Santa Cruz de Tenerife se comprometa a reunirse con las cinco familias desalojadas en 2008 de María Jiménez por unos desprendimientos en la ladera de Anaga sobre sus casas, para buscarles una solución, ya que el Ayuntamiento les abona un alquiler, en un asunto lleno de avatares administrativos y judiciales.

Tal compromiso lo adquirió la responsable de esta área, Marta Arocha, este jueves durante su  comparecencia en la Comisión de Control, en presencia de un grupo de afectados, y que fue solicitada por la concejala de Unidas Podemos Yaiza Gorrín, quien recordó que hace 11 años el alcalde de entonces, MIguel Zerolo, firmó un decreto en el que se comprometía a rehabilitar las viviendas, y luego estos vecinos han sufrido «una odisea judicial».

Tal es así que en 2017, según la documentación que los afectados han trasladado a Unidas Podemos, se dictó una sentencia en segunda instancia en la que, además de condenar a costas al Ayuntamiento, obliga al consistorio a devolver la habitabilidad a las viviendas, independientemente de su situación en el planeamiento, porque, según el Juzgado, «hubiera sido el colmo dejar a las personas en peor situación que la que estaban anteriormente al desprendimiento».

Podemos se interesó en la Comisión de Control por saber si en las 40 viviendas de protección oficial que el Ayuntamiento tramita construir en María Jiménez es posible realojar a estas familias, a lo cual respondió Marta Arocha que «podrán acceder siempre que cumnplan los requisitos como al resto de personas» demandantes de una vivienda.

El coste en alquileres para el Ayuntamiento a favor de estas cinco familias asciende a 37.000 euros al año, por lo que Yaiza Gorrín lamentó que «la mala gestión de CC haya supuesto, además del sufrimiento a estos santacruceros damnificados por un derrumbe, haber empleado cientos de miles de euros del erario público hasta ahora en una medida provisional y no en la solución definitiva». Aspecto este en el que coincidió la edil de Vivienda, quien prometió sentarse con los afectados «porque la solución se está alargando en el tiempo y es un gasto que podemos establecer de otra manera».