Ramón Trujillo afirma que la adjudicación de estas obras mediante procedimiento de emergencia es un “caso extremadamente grave de favoritismo a una empresa”

El portavoz de Unidas Podemos pone de relieve que, tal como había advertido en su día, la contratación sin concurso no se justificaba y es lo que ahora han confirmado el oficial mayor del Ayuntamiento y el Consejo Consultivo de Canarias

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 11-4-2022

Ramón Trujillo, portavoz de Unidas Podemos (Izquierda Unida-Podemos-Equo) ha calificado de «gravísimo megadedazo» la adjudicación por procedimiento de emergencia del arreglo de 10 campos de fútbol, una contratación que la oposición ya venía advirtiendo de que no estaba justificada, tal como ahora han confirmado el oficial mayor del Ayuntamiento de Santa Cruz y el Consejo Consultivo de Canarias.

«Es un caso extremadamente grave de favoritismo a una empresa, a la que se le dio un contrato de 222.800 euros, para dejar fuera al resto de empresas que podían haber aspirado», afirmó Trujillo en la Comisión de Control, tras escuchar la comparecencia de la concejala de Deportes, Alicia Cebrián, que ha anunciado la revisión de oficio de este expediente.

El edil de la confluencia de izquierdas se preguntó «cómo es posible que a la empresa beneficiaria se le permitiera subsanar por correo electrónico un aspecto de su oferta que no se ajustaba al pliego de condiciones y en cambio se descartara por igual motivo  la oferta de una de las otras dos a las que se pidieron presupuesto, y que ofreció hacer las obras por 123.000 euros, un 44% menos que la ganadora».

Trujillo recordó que ya había denunciado en su día que la contratación de emergencia, «permite prescindir de libre concurrencia, está para casos de catástrofe y grave peligro para la población y la defensa nacional, pero es evidente que no para césped, vallas, graderíos o porterías en campos de fútbol».

Por ello, cuestionó también «cómo es posible que nadie en el Ayuntamiento advirtiera de la ilegalidad antes de la la contratación», hasta que ahora  el oficial mayor del Ayuntamiento ha  hecho «un demoledor informe sobre su improcedencia legal» y también el Consejo Consultivo de Canarias «ha sido contundente al refrendar la nulidad de pleno derecho de esta adjudicación». De ahí que UP reclame la asunción de responsabilidades por lo ocurrido con este expediente.