Yaiza Gorrín lamenta la “provocación” a las personas demócratas que supone la publicidad en distintos puntos de la capital y de la isla a favor del Monumento a Franco

En un escrito dirigido a la Subdelegación del Gobierno, la Junta Republicana de Canarias sostiene que tanto el monumento como los anuncios incumplen las leyes estatal y autonómica de Memoria Histórica

El grupo municipal de Unidas Podemos (Izquierda Unida- Podemos-Equo) muestra su apoyo al escrito que ha dirigido la Junta Republicana de Canarias a la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, en el que pide su “implicación y colaboración en la retirada de los espacios publicitarios dedicados al franquismo en las calles” de la Isla, en concreto, los carteles en vallas favorables al mantenimiento del Monumento a Franco, con el lema “Valor: 45.0000.000 €. Protejamos nuestro patrimonio artístico. Defendamostenerife.com”.

Para la concejala de Unidas Podemos Yaiza Gorrín “estos anuncios representan una provocación a las personas con convicciones democráticas en una ciudad que ya es noticia por ser la última en España que homenajea al dictador en sus calles y que ahora es además actualidad porque publicita este vergonzante símbolo del franquismo con total impunidad”.

Además, la edil sostiene que “carece de credibilidad la tasación económica del conjunto escultórico” anunciada en las vallas y en cualquier caso recuerda que  existe un informe técnico encargado por el Ayuntamiento en el pasado mandato, dirigido por la catedrática de la Universidad de La Laguna María Isabel Navarro, que concluye la imposibilidad de resignificar el monumento por su indudable simbología franquista y que no encaja en las excepciones previstas en la Ley de Memoria Histórica, por lo que establece de forma taxativa que debe ser retirado de la vía pública.

En el escrito dirigido por un abogado en nombre de la Junta Republicana se señala que los propios anuncios producen “un manifiesto incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica”.

Las vallas, contratadas por la Asociación San Miguel Arcángel , se han instalado en al menos siete ubicaciones, incluso fuera de Santa Cruz de Tenerife, como una localizada en  el Centro Comercial Alcampo, de La Orotava y otro junto a la TF-1.

La Junta Republicana alega en su escrito que, en aplicación de la citada Ley 52/2007, las Administraciones Públicas “tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias y placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, la Guerra Civil y la represión de la dictadura”.

Asimismo, el Tribunal Supremo ya sentenció que esta ley “impone a todas las Administraciones Públicas adoptar las medidas oportunas para que se proceda a la retirada de aquellos monumentos conmemorativos que supongan  una exaltación de la Guerra Civil, con el objeto de dar cumplimiento al espíritu de reconciliación y concordia que permitió el alumbramiento de la Constitución de 1978, y evitar la permanencia de cualquier vestigio que pueda ser causa de enfrentamiento, agravio u ofensa al modelo constitucional de convivencia”. Igualmente, en la Ley 5/2018 de Memoria Histórica de Canarias se establece igual mandato.

La Junta Republicana invoca además una sentencia del Juzgado de lo Contencioso- Administrativo Nº 9 de Madrid, que estipula que el cumplimiento de tal finalidad legal  “se plasma con la retirada de cualquier signo que realce a una parte de españoles, ofendiendo a otra parte de ellos”.

El escrito registrado en la Subdelegación apela a este organismo a intervenir contra estos hechos denunciados, pues destaca que “son conocidos los actos del Gobierno de España” de los que “se desprende una pretensión de compromiso especial con la reparación de las víctimas del franquismo, la Memoria Histórica en general, o el cumplimiento de la legalidad”.

Hay que recordar que la directora general de Patrimonio Cultural del Gobierno canario, Antonia Perera, ha dejado claro que el Monumento a Franco incumple la legalidad vigente y que, conforme a la Ley autonómica de Memoria Histórica, solo falta el trámite de certificar por el Ejecutivo regional el catálogo de vestigios franquistas elaborado por el Consistorio chicharrero en el citado informe de María Isabel Navarro para instar a su retirada, dado que el Ayuntamiento no ha tomado hasta ahora la iniciativa.