Yaiza Gorrín propone en una moción instar a la FECAM a que negocie con la SAREB la cesión de viviendas para alquiler social y al Cabildo que cree una Mesa de Emergencia Habitacional formada por todas las partes implicadas

La concejala defiende también que se reactive el Consejo Insular de la Vivienda para garantizar este derecho constitucional ante el previsible agravamiento de los desahucios por la crisis del Covid-19

26 octubre 2020. Yaiza Gorrín, portavoz adjunta del Grupo Municipal Unidas Podemos (Podemos-Izquierda Unida-Equo), ha presentado una moción sobre la falta de alternativa habitacional para personas afectadas por desahucios, debido al déficit de viviendas sociales que garanticen el acceso a un hogar, ya sea en alquiler o en propiedad, un problema que se puede agravar por la actual crisis del Covid-19. La propuesta será debatida en el pleno del próximo viernes, 30 de octubre.

La concejala propone en este sentido instar a la Federación Canaria de Municipios (FECAM), organismo en el que están representados todos los ayuntamientos, a que soliciten a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) la cesión de vivienda en régimen de alquiler social.

Asimismo, la concejala plantea instar al Cabildo de Tenerife a reactivar el Consejo Insular de la Vivienda con el objetivo de empezar a trabajar ya en la búsqueda de alternativas habitacionales, así como a la creación de una Mesa de Emergencia Habitacional «que articule medidas efectivas para garantizar el derecho a una vivienda digna», un objetivo inaplazable en el caso de familias afectadas por desahucios en la isla.

Esa mesa la integrarían, además del Cabildo, el Gobierno de Canarias, los ayuntamientos, entidades financieras, plataformas y asociaciones de afectados por desahucios.

Por último, en la moción se defiende instar al Cabildo a liderar la creación de un consorcio de la vivienda con los ayuntamientos, para la coordinación y la gestión eficaz de recursos públicos  en esta materia.

En la exposición de motivos de su moción, Gorrín recuerda que, tras la anterior crisis económica, Santa Cruz en 2012 se dotó de un protocolo antidesahucios, y que en 2015, el Cabildo creó el Consejo Insular de la Vivienda destinado a mediar en la paralización de estos lanzamientos judiciales y facilitar el acceso a una vivienda a las personas que se encontraban con dificultades para lograrlo.

Según datos del Consejo General del Poder Judicial, durante el primer trimestre del año 2020 se llevaron a cabo 590 desahucios en Canarias, entre ejecuciones hipotecarias e impagos de alquiler.

La concejala señala que, «si bien es cierto que la cifra se ha reducido desde el primer estado de alarma en nuestro país, debido a las medidas adoptadas por el Gobierno central suspendiendo órdenes de desahucio y lanzamientos para inquilinos en situación de vulnerabilidad, la actual crisis sin precedentes hace prever que el problema se agravará en una Canarias, donde, antes del coronavirus, ya el 35% de la población vivía en la pobreza o en riesgo de exclusión social, con datos de la tasa Arope correspondientes a 2019”.